¿Qué pasa cuando la lógica empresarial sustituye a la democrática?

Fernando Flores ante la tentación autoritaria del poder local

Hay momentos en la vida pública que, sin proponérselo, revelan con mayor claridad la concepción que un gobernante tiene del poder. El episodio protagonizado por el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, en el Club Deportivo La Asunción es uno de esos momentos. Las imágenes difundidas públicamente muestran al alcalde ingresando a una instalación privada acompañado por escoltas armados con armas largas, en medio de una confrontación física y bajo circunstancias que han sido objeto de investigación por diversas autoridades.

La propia presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum, calificó la conducta como un acto de soberbia impropio de un servidor público.

Fernando Flores ha construido cuidadosamente una narrativa de empresario exitoso, innovador tecnológico y administrador eficiente. Durante años ha presentado su experiencia empresarial como una garantía de buen gobierno. Pero el incidente de La Asunción obliga a regresar a la pregunta inicial, con todas sus consecuencias: ¿qué ocurre cuando la lógica del empresario se impone sobre la lógica del servidor público? ¿Qué ocurre cuando el principio de eficiencia privada desplaza al principio republicano de igualdad ante la ley? Lo que ocurre es lo que vimos en Metepec: la idea de que el poder público puede convertirse en una extensión de los intereses privados de quien lo ejerce.

Y es que más allá de las explicaciones posteriores del edil, lo verdaderamente relevante es el mensaje político que transmiten las imágenes. En una democracia constitucional, ningún servidor público puede colocarse por encima de las instituciones. Ningún alcalde está facultado para actuar como policía, juez y parte al mismo tiempo. Cuando una autoridad aparece acompañada de personal armado para intervenir en un conflicto entre particulares, la frontera entre la función pública y el ejercicio personal del poder comienza a desdibujarse peligrosamente. El problema no es únicamente jurídico: es profundamente político.

La escena observada en Metepec refleja una concepción patrimonialista del gobierno: la creencia de que el cargo público otorga facultades extraordinarias para intervenir donde cualquier otro ciudadano tendría que acudir a las instancias legales correspondientes.

Durante décadas, la derecha mexicana sostuvo que el principal problema del país era el abuso del poder gubernamental. Sin embargo, episodios como el de La Asunción demuestran que el abuso del poder no depende exclusivamente de una ideología, sino de la manera en que ciertos actores conciben la autoridad.

La gravedad del caso aumenta porque no se trata de un ciudadano cualquiera. Se trata del presidente municipal de uno de los municipios más importantes del Estado de México, mi tierra. Quien ocupa esa responsabilidad debe entender que cada acción pública envía un mensaje institucional. Y el mensaje que recibió la ciudadanía fue preocupante: escoltas armados, confrontación física, uso de una posición de poder y una intervención que difícilmente puede considerarse compatible con la prudencia que exige el servicio público.

La posterior disculpa del alcalde no elimina las interrogantes fundamentales. Si existía un conflicto entre particulares, ¿por qué intervenir personalmente? Si existía un riesgo para la seguridad, ¿por qué no actuar exclusivamente mediante las instituciones competentes? Si se trataba de preservar el orden, ¿por qué las imágenes transmiten exactamente lo contrario?

La Cuarta Transformación ha insistido en que el ejercicio del poder debe caracterizarse por la humildad, la austeridad y el respeto a la ciudadanía. Precisamente por ello, el episodio de Metepec resulta tan significativo. No estamos frente a una simple polémica mediática, sino frente a una discusión sobre la naturaleza misma del poder público. La democracia no se mide cuando las cosas marchan bien. Se mide cuando quienes gobiernan enfrentan conflictos y deciden si actúan como ciudadanos sujetos a la ley, o como personas que consideran que el cargo les otorga privilegios excepcionales.

El caso Fernando Flores deberá esclarecerse plenamente por las autoridades competentes. Pero políticamente ya deja una enseñanza, y es la respuesta a la pregunta con la que abrimos: cuando la lógica empresarial sustituye a la democrática, lo que se pierde no es solo el equilibrio de un municipio, sino el principio fundamental de toda democracia: nadie está por encima de la ley.