Reality Mexiquense: Entre millones y feminicidios, las cuentas no cuadran
En el Estado de México (EMX), la violencia contra las mujeres se ha convertido en una tragedia que parece administrarse entre presupuestos, discursos oficiales, fotografías y promesas. Para 2026 se destinaron 260 millones de pesos a combatir los feminicidios y las desapariciones en municipios con alerta de género. Sin embargo, la pregunta que sigue sin una respuesta suficientemente clara: ¿cuántas mujeres han logrado protegerse gracias a ese dinero y qué resultados concretos pueden demostrar quienes lo administran?
El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas para visibilizar la violencia que enfrentan millones de mujeres y exigir acciones efectivas para erradicarla. En territorio mexiquense, la conmemoración llega acompañada de una deuda institucional que no puede ocultarse detrás de ceremonias, pronunciamientos y campañas publicitarias.
Millones que necesitan explicaciones
La situación llegó al Congreso mexiquense, donde se impulsó un exhorto para que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) revise la utilización de los recursos destinados a combatir la violencia de género. La petición resulta pertinente, pero también exhibe una debilidad institucional después de años de alertas.
Los municipios considerados incluyen Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli. Once gobiernos que tienen la obligación de explicar cuánto recibieron, qué contrataron, a quién pagaron y cómo contribuyeron sus acciones a reducir los riesgos que enfrentan miles de mujeres.
Porque una factura puede demostrar que se compró equipo, se impartió un curso o se contrató un servicio, pero difícilmente acredita por sí sola que una mujer está más segura. La transparencia no debe limitarse a comprobar gastos; también debe mostrar cuántas víctimas recibieron atención, cuántas órdenes de protección tuvieron seguimiento y cuántas intervenciones permitieron evitar nuevas agresiones.
Auditorías después de la tragedia
La titular del OSFEM, Liliana Dávalos Ham, anunció la incorporación de revisiones a los programas de auditoría. La decisión es positiva, aunque deja otra interrogante: ¿por qué esperar a la fiscalización posterior para conocer si las medidas funcionan? La prevención de la violencia requiere seguimiento permanente y mecanismos de corrección oportunos, no únicamente revisiones cuando los recursos ya fueron ejercidos.
Tampoco el Congreso puede conformarse con aprobar exhortos y celebrar que serán atendidos. Las diputadas y los diputados tienen la responsabilidad de exigir informes desglosados, verificar el cumplimiento de las medidas y, cuando existan irregularidades acreditadas, impulsar las acciones correspondientes. La transparencia no debería depender de la voluntad de los funcionarios, mucho menos cuando están en juego recursos destinados a proteger vidas.
El problema no es exclusivamente presupuestal. También tiene que ver con la capacidad institucional para atender denuncias, ejecutar órdenes de protección, investigar agresiones y localizar a mujeres desaparecidas. Mientras estas tareas enfrenten deficiencias, cualquier discurso triunfalista sobre el combate a la violencia de género estará incompleto.
El 25 de noviembre seguramente habrá edificios iluminados de color naranja, fotografías oficiales, discursos y llamados a erradicar la violencia contra las mujeres. Todo eso puede contribuir a generar conciencia, pero ninguna ceremonia sustituye la obligación de entregar resultados.





