Javier Salinas Narváez/Doctor en Administración Pública
-Es momento de que la burocracia se apriete el cinturón
Amig@s de Quadratín, hagamos votos porque la semana que hoy iniciamos sea mucho más benévola con el pueblo de México.
Los terremotos ocurridos en el sureste y centro de México en el último mes afectaron el patrimonio y la salud de buen porcentaje de la población.
La sociedad mexicana ha hecho todo lo que está en sus manos para apoyar a los damnificados; toca ahora a la burocracia ajustarse el cinturón para afrontar la crisis.
Consideramos necesaria la inmediata adopción de diversas medidas de ahorro presupuestario en el gasto público federal del presente año y del que viene, en un intento de reconstruir el país en el mediano plazo.
El presupuesto federal 2017 es de casi 4.9 billones de pesos; al menos tres cuartas partes ya fue ejercido -pues el año ha transcurrido proporcionalmente- y el pendiente queda comprometido en buena medida para sueldos y contrataciones.
Sin embargo, se podría disponer de unos 60 mil millones de pesos para atender la contingencia sin afectar funciones sustantivas, lo que equivale a menos del 5 por ciento del presupuesto por ejercer en el trimestre que viene.
Para 2018 se presupuestarán casi 5.3 billones de pesos. Recortes generalizados de 3 por ciento nos darían una bolsa de 160 mil millones.
Además, se requiere establecer en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Año 2018 un catálogo mínimo de políticas de austeridad:
- Eliminar la contratación de seguros de gastos médicos mayores para los servidores públicos; quienes quieran consérvalos, que los paguen con su salario.
- Prohibir la contratación de servicios de telefonía móvil o celular, pues para eso son los salarios.
- Reducir y establecer un tope de 0.3 por ciento del total del presupuesto para la contratación de personal por honorarios, con excepción de las áreas de salud, seguridad pública y protección civil.
- Despedir secretarios particulares, privados, técnicos, coordinadores de asesores, asesores o equivalentes y choferes -con excepción de los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y quienes encabezan las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo, y los titulares de los organismos autónomos-.
- Reducir a 0.3 por ciento del presupuesto el gasto en materia de servicios de consultorías y asesorías, con excepción de la difusión de programas de protección civil, salud y seguridad pública.
- Establecer un tope de 0.3 por ciento del presupuesto para gastos en publicidad y comunicación, con excepción de las materias de protección civil, salud y seguridad pública.
- Reducir a 0.1 por ciento los gastos en servicios profesionales, científicos, técnicos, de asesoría y otros equivalentes, con excepción de las instituciones educativas, de salud e investigación científica.
- Prohibir la adquisición, arrendamiento y cualquier figura análoga de vehículos para el servicio personal de los servidores públicos. Sólo podrán aplicarse excepciones para labores operativas de seguridad pública, protección civil, salud, aseo público y obra pública.
- Establecer programas específicos para racionalizar el uso de energía eléctrica, agua y combustibles.
- Prohibir transferencias presupuestales de gasto de capital a gasto corriente y limitar a 15 por ciento del presupuesto modificado las transferencias en general porque con este mecanismo se esconden recursos en partidas aparentemente indispensables para usarlos con otros fines.
- Que la Cámara de Diputados etiquete los recursos para asegurar que efectivamente se destinen a los programas especiales que se crearán para atender la emergencia.
Quedo pendiente de sus sugerencias.