Reestructurar el gasto público para generar crecimiento económico

-Necesario un Ejecutivo Federal serio para lograrlo

Este 12 de junio los candidatos presidenciales debatirán sus propuestas en materia de Crecimiento Económico, Pobreza y Desigualdad; Educación, Ciencia y Tecnología; y Salud, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.
Todos estos temas están relacionados y tienen como base y fondo el modelo económico. Tirios y troyanos se pronuncian por modificarlo, pero sin darnos pistas claras a seguir.
El crecimiento económico en México no sólo ha sido muy pobre, también ha provocado mayor desigualdad. Luego entonces, la paradoja es cómo crecer más y reducir la desigualdad.
La OCDE y la CEPAL reconocen en diversos estudios que el crecimiento económico no genera en automático menos desigualdad, por lo que es necesario adoptar medidas adicionales.
Para lograrlo, el Estado sólo cuenta con dos instrumentos: los ingresos y el gasto públicos.  
Por el lado de los ingresos, el margen de maniobra es cada vez menor.  La única manera de aumentarlos es eliminar exenciones y deducciones en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero ya es muy poco lo que se puede obtener por esta vía, particularmente después de que el gobierno de los Estados Unidos de América redujo este gravamen para las personas morales y la tendencia se globaliza, lo que nos llevaría necesariamente a reducir las tasas en México.
Si para obtener mayor crecimiento económico se requiere que las empresas generen más empleos, pareciera lógica la creación de más estímulos fiscales para éstas, pero también desde esta trinchera el margen de captación de ISR es cada vez más estrecho.
El impuesto que podría aumentar sustancialmente los ingresos públicos, por más de 200 mil millones de pesos, sería el IVA, si se elimina la tasa cero. Sin embargo, este tributo suele afectar a las personas de menores recursos, por lo que requería de un gran programa compensatorio para las familias afectadas. Dado el costo político de esta medida, parece casi imposible adoptarla, a pesar de que la tendencia mundial es cargar la tributación en el consumo.
Es así que la única salida es una reingeniería del gasto público. Año con año, los legisladores reciben un proyecto de Presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo técnicamente inmutable, cuyo margen de maniobra para hacer ajustes no llega a 1%, pues se considera que 99% del presupuesto de las dependencias, entidades paraestatales, programas sociales y demás, es irreductible,  pena de crear un serio conflicto social o político.
Es necesario alcanzar un gran acuerdo nacional que redireccione el objeto de cada una de las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, para eliminar gastos inútiles, improductivos e inhibidores del crecimiento económico.
Debemos abatir la práctica de subestimar entre 10 y 30% de los ingresos como mecanismo para evadir el control del Poder Legislativo.
Sólo así estaremos en posibilidad de promover un aumento sustancial del gasto público, generar un círculo virtuoso de mayor inversión, más y mejores empleos, más contribuciones y mayor crecimiento económico.
También debemos acotar la facultad de las dependencias y entidades de la administración pública de los tres ámbitos de gobierno para realizar adecuaciones presupuestarias sin límite.
Los Ejecutivos suelen esconder en los presupuestos pequeñas bolsas para después mover los recursos hacia otros proyectos no autorizados por el Legislativo. De esta manera, cuando los diputados revisan la Cuenta Pública encuentran que muy poco de lo gastado concuerda con lo aprobado.
Los Ejecutivos terminan por gastar buena parte del presupuesto con alto grado de discrecionalidad, con todo el margen para desviar recursos con fines políticos y, por qué no decirlo, de corrupción.
El presupuesto debe ejecutarse en los montos y para los fines que autorice el Legislativo, conforme a una propuesta seria del Ejecutivo, y el margen de modificación debe ser mínimo, apenas suficiente para no entorpecer la adecuada operación de la administración pública.
Además debemos revisar seriamente la política de desarrollo económico y social; quizás los únicos programas sociales que deberían subsistir son los relacionados con la alimentación, salud y educación para todos los mexicanos.
En conclusión, por la parte del gasto público existe una amplia gama de posibilidades para fomentar un crecimiento económico mayor y ecualizador, pero se requerirá de un Poder Ejecutivo Federal muy serio y responsable, capaz de generar un gran nuevo acuerdo nacional en la materia.