Reforma Electoral
La encrucijada de la presidenta
En este momento, la reforma electoral es tema central porque ya se encuentra en negociación. El texto está sobre la mesa política y los actores han expresado su postura, aunque no necesariamente su apoyo o rechazo definitivo. Lo que se conoce en el debate público proviene, en buena medida, de filtraciones de aliados de Morena que no están plenamente convencidos y que han comenzado a construir una narrativa crítica hacia la reforma impulsada por la presidenta y la dirigencia nacional del partido.
Esto ocurre porque el fondo del debate no es jurídico, sino simbólico. En este escenario, el discurso de desgaste puede ir desde afirmar que “quieren controlar las elecciones” o que “van a acabar con la democracia”, hasta sostener que “buscan capturar al árbitro”. Son enunciados que impactan particularmente en la clase media urbana, en sectores académicos y en medios nacionales e internacionales. Estas narrativas tienen un alto costo reputacional y sus efectos negativos pueden manifestarse con rapidez.
En este contexto, el PRI, el PAN y los medios tradicionales —críticos permanentes de la Cuarta Transformación (4T) desde 2018— coinciden con el PT y el PVEM en la dinámica de presión política alrededor de la reforma. Ante ello, los negociadores de la presidenta pueden optar por sostener que la iniciativa busca abaratar las elecciones, reducir el financiamiento público a los partidos y responder al mandato expresado por los electores en la elección presidencial de 2024, sin poner en riesgo al INE. La estrategia debe contemplar dos objetivos centrales: evitar la movilización en contra de la reforma y que se convierta en bandera electoral rumbo a las elecciones intermedias.
La presidenta ha señalado que la reforma mantiene la representación proporcional, el financiamiento a los partidos y garantiza la autonomía del INE. Su argumento central es que la democracia no debe ser tan costosa y que debe aplicarse un criterio de austeridad tanto en los procesos electorales como en la vida interna de los partidos. Sin embargo, entre aliados y opositores existen posturas divergentes: algunos buscan conservar los doscientos diputados de representación proporcional, mantener intacto el financiamiento partidista y permitir que familiares puedan ocupar cargos de elección sin mayores restricciones. Esta es la encrucijada de la presidenta.
Los riesgos incluyen la aparición de fisuras internas entre sus aliados y la posibilidad de que algunos legisladores se resistan a asumir el costo político. El PT y el PVEM, como partidos bisagra, podrían intentar encarecer políticamente su respaldo. Morena, por sí solo, no cuenta con los votos suficientes para aprobar la reforma, por lo que depende de sus aliados. Si la presidenta decide detener o modificar sustancialmente la iniciativa, podría proyectarse una imagen de debilidad.
El activismo político que la presidenta despliega semanalmente parece responder a una lógica de desgaste calculado para lograr la aprobación de la reforma. En cada gira promueve la participación social en su respaldo, con la intención de fortalecer su base territorial —ya sólida, como se observa en las concentraciones masivas en el Zócalo—, prevenir conflictos poselectorales y consolidar más apoyo político en la base popular.
Por su parte, la oposición podría estar preparándose para convertir la reforma en su principal bandera electoral, impulsar movilizaciones contra la 4T y estimular un voto de castigo en zonas urbanas. No necesita ganar el debate técnico; le basta con sembrar dudas sobre la imparcialidad del sistema electoral. Sus voceros podrían recurrir a organismos internacionales y promover una cobertura negativa en la prensa extranjera, además de mantener el tema en la agenda de Estados Unidos, particularmente en un contexto electoral.
