La Reforma Hacendaria de la Cuarta Transformación

La Cuarta Transformación ha demostrado que el Estado puede ponerse del lado del pueblo, orientando los recursos públicos a donde más se necesitan. Sin embargo, consolidar los avances sociales exige una base financiera sólida, progresiva y transparente. Por eso, ha llegado el momento de una verdadera reforma hacendaria para la prosperidad compartida: un rediseño integral de los ingresos, del gasto y de la relación fiscal con estados y municipios, inspirado en el humanismo mexicano que pone a la persona, a las familias y a las comunidades en el centro de la vida pública.

Conviene decirlo sin rodeos: una reforma fiscal puede modificar impuestos, tasas y deducciones; una reforma hacendaria, en cambio, ordena el sistema completo de finanzas públicas. La primera se ocupa principalmente de la tributación federal; la segunda vincula la recaudación con el presupuesto, la deuda, las transferencias a entidades federativas y la eficacia del gasto. En pocas palabras, toda reforma hacendaria incluye una reforma fiscal, pero va más allá: alinea los recursos con propósitos nacionales de largo plazo y con criterios de justicia distributiva.

El humanismo mexicano no es una consigna; es una ética pública. Significa que cada peso obtenido mediante la recaudación debe traducirse en derechos efectivos: salud, educación, vivienda, seguridad social, cultura y oportunidades productivas. Una política hacendaria para el Bienestar no recauda por recaudar; recauda para invertir en la gente, cerrando brechas territoriales y sociales, y otorgando certidumbre a las familias que merecen un futuro mejor. El diseño hacendario debe medir su éxito no sólo por el monto de ingresos, sino por su impacto en la vida cotidiana.

Hablar de prosperidad compartida es comprometerse con la movilidad social y con una economía que funcione para las mayorías. La reforma hacendaria debe reforzar la progresividad del ISR, mantener la protección de bienes esenciales, revisar exenciones ineficientes y estimular actividades con alto efecto multiplicador: cadenas productivas regionales, economía social y solidaria, y proyectos de innovación que agreguen valor en México. Se trata de construir un círculo virtuoso: más formalidad, más productividad, mejor recaudación y mejores servicios públicos.

La ciudadanía exige cuentas claras. Por ello, la reforma debe consolidar un sistema de información fiscal y presupuestaria de fácil acceso, con tableros públicos que permitan conocer ingresos, gasto y resultados en tiempo razonable. Evaluar no es desconfiar del Estado: es fortalecerlo. Y cuando la ciudadanía ve que sus contribuciones se convierten en hospitales, escuelas, caminos, seguridad y cultura, la confianza crece y la recaudación mejora.

Durante décadas, numerosos municipios quedaron rezagados en infraestructura básica, servicios urbanos y capacidad institucional. La reforma hacendaria debe impulsar un federalismo cooperativo que acompañe a estados y municipios con recursos, asistencia técnica y metas verificables. Donde hay más rezago, el Estado debe estar más presente. La equidad territorial es condición de la cohesión social y de la seguridad pública.

La hacienda pública debe ser palanca del desarrollo. Las inversiones en infraestructura logística, energía limpia, agua, conectividad digital y movilidad sustentable multiplican la productividad y los empleos de calidad. El diseño de incentivos fiscales y presupuestales debe priorizar proyectos con alto contenido nacional, que integren proveedurías locales y eleven salarios. La transición energética es también una política industrial: requiere financiamiento público-privado, responsabilidad social y reglas claras.

El Bienestar no es una meta retórica: es la medida de una democracia que cumple. Una política hacendaria para el Bienestar vincula la recaudación con la garantía de derechos, y el presupuesto con resultados verificables. Reconoce el valor del trabajo, protege a la niñez y a las personas mayores, acompaña a las y los jóvenes con educación y empleo, y cuida el territorio que heredaremos. Así se construye legitimidad democrática: con justicia fiscal y eficacia gubernamental.

Tenemos la oportunidad de dar un paso decisivo: convertir la reforma hacendaria en el cimiento financiero de la Cuarta Transformación. No es una discusión de tecnócratas; es un pacto entre ciudadanos para asegurar que los recursos públicos sirvan al interés general. La prosperidad compartida exige valentía política y claridad técnica. Con disciplina, transparencia y visión humanista, México puede inaugurar una nueva etapa de desarrollo con justicia.