Reforma Judicial en el Estado de México

Nuestra Constitución Federal reconoce los derechos de la Persona Humana, así como define la estructura y organización del gobierno, con base en la división de poderes cuyo propósito es evitar la concentración del poder en una persona o grupo. Así, el Poder Legislativo se encarga de la creación de leyes, el Poder Ejecutivo dentro del marco de dichas leyes gestiona y organiza los recursos disponibles para la prestación de los servicios públicos y el Poder Judicial interpreta y aplica las leyes para resolver disputas, proporcionando certeza jurídica a la sociedad.
En el sexenio anterior, existieron tensiones entre el Poder Ejecutivo Federal y el Judicial, que expusieron la necesidad de revisar la estructura y funcionamiento de la judicatura. Al final del período, el ahora ex presidente impulsó una reforma constitucional para transformar profundamente el sistema judicial.
Entre los cambios más significativos se incluyen la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reducción de sus miembros y períodos de ejercicio del cargo y la eliminación de algunos beneficios económicos en el retiro.
El aspecto más ambicioso de la iniciativa es la elección popular directa de los integrantes del Poder Judicial Federal. sí, los candidatos a ministros, magistrados y jueces, serán postulados por comités de evaluación de cada uno de los tres poderes.
También se plantea la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración, a cargo de supervisar las conductas de los juzgadores y la administración de los recursos presupuestales del Poder Judicial.
En el aspecto procesal, se proponen plazos más cortos para la resolución de asuntos fiscales y penales, y nuevas reglas para lograr una justicia más pronta y expedita.
A efecto de armonizar la Reforma Judicial Federal, en toda la Nación, cada entidad federativa debe organizar su judicatura local según sus propias reglas propias, conforme a sus necesidades.
Con base a los anterior el Grupo Parlamentario del Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde el Estado de México ha planteado a la H. LXII la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Electoral de la Entidad.
Dicha iniciativa tiene aspectos positivos y negativos; dentro de los positivos podemos considerar que la elección directa de magistrados y jueces busca fortalecer la legitimidad y la confianza en el sistema judicial al hacerlo más representativo de la voluntad popular. Esto podría traducirse en un Poder Judicial más cercano a las preocupaciones y realidades de la comunidad.
Al establecer organismos como el Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial con independencia técnica, de gestión y para emitir resoluciones, se puede lograr una mayor independencia en el funcionamiento del Poder Judicial, minimizando las interferencias políticas.
La introducción de procesos transparentes y paritarios para la selección de candidatos, así como la implementación de mecanismos que garantizan la paridad de género, son pasos adelante hacia un sistema judicial más equitativo y transparente.
Al analizar la otra cara de la moneda, es decir, los riesgos y amenazas, tenemos que la elección popular de jueces y magistrados podría llevar a una mayor influencia política en sus decisiones, debido a la postulación y apoyos que hubieren recibido los otrora candidatos, lo que podría amenazar la imparcialidad de las decisiones.
El requisito de que los candidatos sean seleccionados mediante votación popular y comités de evaluación podría no garantizar siempre que los elegidos sean los más capacitados o competentes para ejercer las funciones. Además, los procesos de campaña y elección pueden distorsionar la valoración de los méritos profesionales frente a las capacidades para la obtención del voto popular.
La participación directa de la ciudadanía en la elección de jueces podría generar controversias y disputas legales intensas, dado que los cargos en juego son altamente sensibles y críticos para las personas litigantes.
Independientemente de los resultados que se obtengan en el proceso, se hace necesario incrementar los esfuerzos en educación cívica para asegurar que los votantes entiendan el papel y la importancia del Poder Judicial, así como el perfil y competencias que deben buscar en los candidatos; establecer mecanismos más estrictos para supervisar las campañas y financiamientos de los candidatos para evitar influencias indebidas y garantizar la imparcialidad.
Resultará imprescindible la capacitación y actualización permanente de los juzgadores electos en las materias de su competencia, con especial énfasis en la protección de los Derechos Humanos, a efecto de cumplir con el artículo 1 de la Constitución General de la República; así como implementar un sistema de evaluación continua para asegurar que cumplen con los estándares profesionales y éticos requeridos en sus respectivos cargos.
La Reforma Judicial propuesta en el Estado de México tiene el potencial de transformar significativamente el sistema judicial del Estado, pero también presenta desafíos que deben ser cuidadosamente gestionados para proteger la integridad y la independencia de los juzgadores para que cumplan su principal labor que es el servicio a los justiciables.