
¿Existe un perfil deseable para el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Ha pasado una semana desde la elección de las personas juezas, magistradas y ministras del Poder Judicial, y me parece que es un buen momento para realizar un corte de caja que nos permita evaluar una jornada que no se limita al día de la elección, sino a todo el proceso que inició el 5 de febrero del año pasado, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una serie de iniciativas para reformar al Estado.
Desde el inicio, la propuesta de reformar al Poder Judicial fue atacada por los detractores de la Cuarta Transformación, señalando que se trataba de una estrategia para concentrar el poder por parte del presidente. Este discurso fue difundido por algunos medios de comunicación, generando que en ciertos sectores de la población se instalara la idea de que nuestro movimiento buscaba imponer una dictadura.
Nada más falso.
En realidad, la izquierda históricamente ha buscado la democratización de los espacios del poder público. Desde las revoluciones del siglo 18 y 19 en Europa hasta la lucha liberal de los reformistas en México, el objetivo ha sido que el poder emane y se sostenga en el pueblo. Así, la izquierda fue avanzando en el siglo 20 en nuestro país, impulsando el cambio democrático desde los años setenta, enfrentando la amarga coyuntura del fraude de 1988 y finalmente alcanzando la alternancia en el año 2000. Aunque el partido ganador fue el PAN, en muchos sentidos esa victoria fue posible gracias a quienes, desde la izquierda, entregaron su vida para enfrentar al poder económico y político que se había perpetuado.
En 2018, la izquierda llegó al poder gracias al apoyo popular, con un nivel de legitimidad no visto antes, y a partir de ahí comenzó la Cuarta Transformación de la vida pública de México. En 2024, el presidente propuso reformar al Poder Judicial para que el pueblo pudiera elegir a sus juzgadores. La reforma se materializó ya en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, que, dicho sea de paso, encarna un hecho histórico que solo la izquierda podía hacer posible: que una mujer ocupara, ¡por primera vez!, la más alta magistratura del país. La implementación de esta reforma fue atacada desde dentro del mismo Poder Judicial, por quienes se negaban a perder sus privilegios.
El domingo primero de junio de 2025 se llevaron a cabo las primeras elecciones libres para renovar al Poder Judicial. Y si bien es cierto que la participación no fue la más alta, debe reconocerse como un éxito haber llegado hasta ese día con una jornada limpia y tranquila, en la que por primera vez el pueblo mandató directamente sobre la integración de los tres poderes que conforman el Estado mexicano. Por fin contamos con una democracia completa.
Este proceso no solo representa una transformación institucional, sino también un paso fundamental hacia una justicia verdaderamente social. Que el pueblo pueda elegir a quienes imparten justicia no es una amenaza, es una garantía: la de construir un Poder Judicial más cercano, transparente y comprometido con las necesidades reales de la población. Este avance histórico ha sido posible gracias a la lucha democrática impulsada por la izquierda mexicana, que ha apostado siempre por abrir las puertas del poder al pueblo, para que nunca más se administre la justicia desde la élite, sino con y para el pueblo.