Regidores de Ixtapaluca “acomodan” a familiares en alltos cargos municipales

● Alcalde morenista los consiente

Luis Ayala/Quadratín Edoméx

Ixtapaluca, Méx., 2 de enero de 2025. En un hecho que ha generado controversia, durante la primera sesión de cabildo de la nueva administración encabezada por Felipe Rafael Arvizu de la Luz, dos regidores propusieron a familiares directos para ocupar direcciones clave en el gobierno municipal. Este acto podría violar disposiciones legales sobre conflicto de interés y responsabilidades administrativas, según las normativas aplicables en el Estado de México.

Los nombramientos en cuestión incluyen a Paulina Teresa Labastida Salazar, esposa del tercer regidor Uriel Vargas Guzmán, como titular de la Dirección de Desarrollo Económico, y a Guerraedo Guerrero Ramírez, padre del séptimo regidor Guerraedo Guerrero Peñaloza, como Coordinador de Protección Civil. Ambas propuestas fueron aprobadas por mayoría durante la sesión, consolidando su designación como titulares de dichas áreas.

Estos nombramientos han despertado críticas debido a los antecedentes de los implicados. Guerraedo Guerrero Ramírez fue sexto regidor en la administración 2022-2024 y ahora asume un cargo directivo bajo el mandato de Arvizu de la Luz. Por su parte, Paulina Teresa Labastida Salazar no solo es esposa del regidor Vargas Guzmán, quien anteriormente ocupó el cargo que ahora ella desempeñará, sino también hija de Arturo Labastida Esquivel, exdirector de Movilidad en administraciones previas.

Dichas designaciones han sido señaladas como posibles actos de nepotismo, al favorecer a familiares directos de los regidores en lugar de abrir oportunidades a otros ciudadanos, lo que contraviene los principios de imparcialidad y objetividad establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Bases Legales y Posible Incumplimiento

De acuerdo con el Artículo 58 de la Ley General y el Artículo 61 de la Ley Local del Estado de México, se considera conflicto de interés cuando un servidor público interviene en decisiones que beneficien a familiares o personas con las que tiene vínculos personales o profesionales. Asimismo, el Artículo 7 de la Ley General exige a los funcionarios actuar con imparcialidad, integridad y en beneficio del interés público, evitando obtener ventajas personales o para terceros.

Desde 2019, las leyes en el Estado de México han reforzado las disposiciones contra el nepotismo y los conflictos de interés, buscando garantizar que los cargos públicos sean ocupados por personas calificadas y sin vínculos personales con las autoridades en funciones. Estas reformas buscan prevenir que las administraciones municipales favorezcan a sus allegados, promoviendo en cambio un servicio público profesional y transparente.

Mientras tanto, ciudadanos y organizaciones locales han comenzado a cuestionar la ética y legalidad de estas designaciones, exigiendo mayor transparencia en los procesos de selección para cargos municipales.

Este caso pone en el centro del debate la necesidad de fortalecer la supervisión en las administraciones municipales para evitar que el tráfico de influencias y el nepotismo sigan siendo prácticas recurrentes. La rendición de cuentas, un principio fundamental del servicio público, debe ser la base de las decisiones que afectan a la ciudadanía.

El gobierno de Felipe Rafael Arvizu de la Luz enfrenta su primer escándalo de posible nepotismo, una prueba de fuego para demostrar si su administración será capaz de responder con transparencia y apego a la legalidad. Mientras tanto, queda en manos de los ciudadanos y las autoridades competentes exigir que se investigue este caso a fondo y que, de ser necesario, se apliquen las sanciones correspondientes.