La historia detrás de mi salida de Talleres Gráficos de México

Escribo estas líneas porque hay historias que el país decidió archivar demasiado rápido y ahora vuelven a ponerse en la palestra. Hablo del desafortunado tema actual del INE.

Mi perfil es el de un servidor público técnico, un fiscalizador que ha preferido los expedientes a los reflectores. Pero mi salida como Director General de los Talleres Gráficos de México (TGM), sectorizados a la SEGOB en 2015 no fue un simple cambio de administración. Fue el resultado de negarme a avalar un esquema que ponía en riesgo la seguridad de los datos de millones de mexicanos.

En 2014 advertí públicamente que cuando el INE de Lorenzo Córdova Vianello quiso externalizar la producción de la credencial para votar a una empresa extranjera Giesecke y Devrient, de origen alemán, implicaba enviar información sensible de al menos 68 millones de mexicanos fuera del país. Lo dije con todas sus letras y en diferentes medios, esto compromete la seguridad nacional. No era una postura ideológica. Era una evaluación técnica. TGM tenía capacidad para producir 5 millones de credenciales al mes, contaba con 29 medidas de seguridad y operaba dentro del marco de seguridad nacional. La alternativa extranjera era más cara, ofrecía menos medidas de protección, y las credenciales se elaborarían en Alemania. El cálculo no cerraba por ningún lado.

La presión no se hizo esperar. El entonces titular de la Secretaría de Gobernación y el Consejero Presidente del INE me dejaron claro que la decisión estaba tomada y que mi obligación era acatarla. Les importó poco o nada que los datos de los mexicanos fueran a parar a una empresa alemana que elaboraría las credenciales en Alemania. Ante eso, tomé una decisión, renuncié y denuncié.

No me arrepiento. Pero tampoco fui un mártir solitario. Debo reconocerlo con honestidad, hubo apoyos. El señor presidente de la República respaldó mi postura y me invitó a ocupar otro espacio dentro de la administración. Mi paso por La Secretaría de Hacienda tuvo un papel en esa reubicación. Es decir, no fui castigado por denunciar. Fui escuchado, y luego reubicado.

Eso cambia por completo la lectura de los hechos. No estoy aquí para presentarme como la víctima que sacrificó su carrera y desapareció, pues sigo de manera ininterrumpida vigente hasta hoy.

Estoy aquí para decir que puse sobre la mesa un riesgo real el envío de datos biométricos de millones de mexicanos a una empresa extranjera y que, tras denunciarlo, fui reincorporado al aparato estatal en otro frente. La pregunta obligada es, ¿por qué, si mi advertencia era tan grave, el esquema de externalización siguió adelante?

La respuesta incómoda es que mi renuncia no fue un acto de heroísmo, sino una decisión técnica y política que, vista en retrospectiva, anticipó las batallas por la protección de datos y la integridad institucional que hoy siguen vigentes. Y mi posterior reacomodo sugiere que el sistema prefirió absorber la crítica antes que corregir el rumbo.

Años después, entre otras responsabilidades encabecé la cruzada anticorrupción en el Estado de México (EMX), donde destapé redes de complicidad y llevé a la destitución de funcionarios intocables. Pero esa es otra historia.

La que hoy me ocupa es la de 2015. La de un hombre que dijo "no" a un acuerdo que comprometía la seguridad nacional, que renunció, que denunció, y que aun así el poder lo volvió a llamar. En un país donde las renuncias por principios suelen ser olvidadas rápidamente, la mía merece ser recordada no como una anécdota, sino como una advertencia.

Porque los datos de todos los mexicanos siguen estando, hoy más que nunca, en juego.