Requieren a Toluca pago de deuda y amenazan embargo

TOLUCA, Edomex.- 28 de octubre de 2017.- Cerca de 20 millones de pesos fue la cantidad por la que el Ayuntamiento de Toluca habría sido notificado el pasado jueves y tendría que liquidar de acuerdo a la falta de pago de una unidad deportiva en San Mateo Otzacatipan, la cual obedece a la administración de la ahora senadora María Elena Barrera Tapia.

Las versiones son contrastantes en esta pelea ya que la empresa demandante, Diseños y Construcciones a través de la apoderada legal Andrea Jardón Álvarez, detalló que al menos fueron embargadas 20 cuentas bancarias y casi 40 folios electrónicos correspondientes a inmuebles de la alcaldía. La suma ha sido cuantificada mayor a los 20 millones de pesos.

La abogada comentó que el adeudo inicial era cercano a los cinco millones de pesos, los cuales tras no ser liquidados ascendieron a 22 millones de pesos. En este entendido detalló que la jueza ha determinado un monto de 14.5 millones para el resarcimiento de dicha obra.

Jardón puntualizó que no es la primera vez que acuden al inmueble para solicitar el pago, por lo que en reiteradas ocasiones han recibido respuestas negativas por parte de la administración municipal.

La versión de Toluca

La versión oficial brindada por el Ayuntamiento a través del director jurídico, Alfredo Hurtado Cisneros, indicó en entrevista fue presentado un requerimiento de pago derivado del mandato emitido por un juez, el cual el Ayuntamiento tendría que reconocer y posteriormente liquidar.

El jurídico acusó que la demanda fue realizada por una empresa con un nombre, mientras que la ejecución fue realizada por otra con un nombre distinto. En este tenor, refirió que no procederán al pago hasta agotar los recursos legales, como es la denuncia interpuesta ante la Contraloría del Poder Legislativo.

Refirió que el adeudo no corresponde a la administración de Zamora Hernández, por lo que la queja interpuesta al contralor, Victorino Barrios, es en aras de adjudicar responsabilidades a quien no haya atendido la solicitud de manera oportuna durante la administración pasada.

Lo del pasado jueves fue una diligencia de requerimiento de pago, no un embargo, dijo Hurtado Cisneros, quien recalcó, se opusieron sin dejar de atender la solicitud de los ejecutores, quienes señalaron algunos bienes para embargar los cuales no fueron embargados. «Quien va a determinar si se procede a un embargo o no, es la juez», comentó en entrevista y puntualizó que el Ayuntamiento cuenta con la solvencia económica suficiente.

Durante la visita de los ejecutores la alarma sísmica del inmueble fue activada, por lo que los trabajadores evacuaron el edificio mientras que la parte ejecutora se rehusó a dejar las instalaciones. Las autoridades no dieron razón tras la activación de tal dispositivo de seguridad, ya que no hubo registro de movimiento telúrico para emitir la alerta.