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TEXCOCO, Edoméx., 7 de noviembre de 2016.- «Para consolidar la modernización en la impartición de justicia en los tribunales laborales federales y locales que plantea la reforma laboral, estos deberán contar con el presupuesto suficiente para su funcionamiento», afirmó Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Confederación Obrero Patronal de México (Coparmex).
Señaló que si bien hay un avance en la modernización del sistema de justicia laboral en el país, al renovar el andamiaje jurídico en beneficio de trabajadores y empleadores, para garantizar el buen funcionamiento de estos nuevos tribunales laborales será necesario dotarlos de estructura, personal capacitado, además de recursos materiales y tecnológicos adecuados.
Estableció que con la aprobación de las reformas en los artículos 107 y 123 de la Constitución, en materia de justicia laboral, por parte del Congreso de la Unión, se contempla la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la creación de un nuevo centro de impartición de justicia en la materia que formarán parte del Poder Judicial, y este cambio, dijo, debe estar garantizado en su aplicación práctica.
Los procesos laborales se atenderán ante tribunales especializados que dependerán del Poder Judicial de la Federación y de los Estados, en función de la materia federal o local de cada caso.
“Con este cambio, esperamos que la justicia se imparta en los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo y las resoluciones se puedan emitir de manera pronta, completa e imparcial y acabar de una vez por todas con los rezagos que se presentan actualmente”, destacó el líder patronal.
Ante ello, la Comisión Nacional Laboral de Coparmex señaló que en el planteamiento del nuevo organismo descentralizado federal y los centros de conciliación de las entidades federativas, estos deberán contemplar una estructura tripartita en sus órganos de gobierno, en donde se mantenga la representación del trabajador, el patrón y el gobierno, como sucede actualmente.
El reto de estos nuevos órganos de justicia laboral, advierte la comisión, es la de garantizar la transparencia, el buen funcionamiento y el cumplimiento de los principios que quedarán establecidos en la Constitución, en las leyes orgánicas, y en la Ley Federal del Trabajo.
“El organismo descentralizado y los centros de conciliación deberán ser eficaces y eficientes en las funciones de conciliación, y deberán promover el uso de medios alternativos de solución de conflictos, que logren acuerdos entre las partes, y se evite el trámite de conflictos”, consideró la comisión que preside Lorenzo Roel Hernández.
Esto porque debido a que las Juntas de Conciliación y Arbitraje seguirán conociendo hasta su conclusión los conflictos que se encuentran en trámite, consideró que se deben tomar las medidas necesarias para que no haya más rezagos por la falta de presupuesto.
La Comisión consideró además que deberán buscarse fórmulas para atender y resolver de forma eficiente los juicios a cargo de las empresas de gobierno como PEMEX, el IMSS o CFE, asuntos que advierte, no se concilian debido a que los departamentos de litigio laboral, por normatividad, están impedidos para llegar a un acuerdo, y deben agotar el procedimiento, inclusive hasta el amparo.
Sin embargo otro tema pendiente es que la Junta Federal deje de conocer las reclamaciones de prestaciones en dinero y en especie que le hacen los derechohabientes al IMSS, AFORES, y afiliados al INFONAVIT, asuntos que por su naturaleza deben ser atendidos por Tribunales en Materia Administrativa ya existentes o de nueva creación.
Para la Comisión Nacional Laboral de COPARMEX la reforma constitucional aprobada deberá generar que en la Ley Federal del Trabajo se garantice la libertad de negociación colectiva y la erradicación de los emplazamientos a huelga por extorsión, que tanto afectan las fuentes de trabajo.