Revela OSFEM nivel de cumplimiento en gasto público estatal y municipal
TOLUCA, Edomex., 13 de noviembre de 2025.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) entregó a la LXII Legislatura, el Informe de Resultados de la Revisión del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2025. Este documento clave detalla qué tan bien están cumpliendo las 522 entidades estatales y municipales con la entrega de información que comprueba el uso de los recursos públicos y los avances en las metas de gasto.
Alto cumplimiento, principalmente en municipios
La Auditora Superior del OSFEM, Liliana Dávalos Ham, entregó el informe a la diputada Arleth Stephanie Grimaldo Osorio. El análisis, a cargo de la Auditoría Especial de Revisión de Información de las Entidades Fiscalizables (AERIEF), revisó 493 Informes Trimestrales recibidos, de los cuales 399 corresponden al ámbito municipal.
El informe refleja un alto promedio de cumplimiento en la entrega de la información requerida, destacando los siguientes porcentajes en el sector municipal:
- Municipios: 93.7%
- Organismos Descentralizados de Agua y Saneamiento (ODAS): 94.5%
- Otros organismos descentralizados: 94%
- Sistemas DIF Municipales: 91.6%
- Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE): 89.9%
¿Qué se revisó y por qué es importante?
El OSFEM fiscalizó a un total de 522 entes, que incluyen a los tres Poderes del Estado, 85 Organismos Auxiliares, siete Órganos Autónomos y 427 del ámbito municipal.
La revisión se enfocó en 13 procedimientos que analizan la información:
- Contable y Financiera
- Presupuestaria
- Programática
- Administrativa
El objetivo principal de esta fiscalización es evaluar si el gobierno está cumpliendo con las metas aprobadas en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. En términos sencillos, el OSFEM verifica que el dinero público se esté gastando como se autorizó y para lo que se prometió.
¿Quiénes están obligados a rendir cuentas?
La Ley de Fiscalización Superior del Estado de México obliga a presentar esta información no solo a los Poderes Públicos y municipios, sino también a cualquier entidad física o jurídica (pública o privada) que haya administrado, manejado o recibido recursos públicos provenientes del Estado, de los municipios, o de la Federación. Esto asegura que la vigilancia sea total sobre el destino del dinero de los ciudadanos.
