Rinde el Sistema Anticorrupción del Edomex su noveno informe anual
TOLUCA, Edomex., 21 de octubre de 2026.- Con un balance de acciones para prevenir, detectar y sancionar posibles actos de corrupción, este miércoles el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SAEMM) presentó su Noveno Informe Anual 2025-2026, en un ejercicio de rendición de cuentas que reunió a representantes de los poderes estatales, organismos autónomos, autoridades municipales y ciudadanía en el auditorio del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), en Toluca.
Durante la presentación, Alberto Gándara Ruiz Esparza, presidente del Comité Coordinador, destacó que por primera vez, en los nueve años de funcionamiento del sistema, los órganos internos de control de los 125 municipios entregaron información sobre sus actividades de fiscalización. En conjunto, reportaron mil 285 auditorías concluidas, un avance que, señaló, permitió integrar datos municipales que anteriormente resultaba difícil obtener para la elaboración del informe.
Presentan balance de acciones anticorrupción y reconocen retos pendientes
“Nuestra sociedad ya no tolera respuestas a medias, ni esfuerzos aislados, frente a malas prácticas y frente a la opacidad”, afirmó Gándara Ruiz Esparza, quien reconoció que, pese a los avances reportados, persisten retos para fortalecer la coordinación institucional y garantizar que las acciones contra la corrupción tengan resultados concretos.
También añadió que durante el periodo se documentaron 130 actividades institucionales estratégicas, organizadas en siete núcleos de trabajo y 11 productos estratégicos.
Entre los principales resultados presentados, mencionó que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició 2 mil 488 carpetas de investigación, mientras que en materia penal se dictaron sentencias contra 126 personas, de las cuales 114 pertenecían al servicio público y 12 eran particulares. Además, las contralorías municipales impusieron mil 891 sanciones por faltas administrativas no graves. En el ámbito estatal, la Secretaría de la Contraloría reportó 673 auditorías concluidas, y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México informó sobre la revisión de 549 entidades fiscalizables.
Piden convertir recomendaciones anticorrupción en acciones verificables
El informe también expuso avances en prevención e integridad pública. De un padrón de 431 mil 675 personas servidoras públicas obligadas a presentar su declaración de modificación patrimonial, se recibieron 416 mil 481 declaraciones durante mayo de 2026, lo que representó un cumplimiento de 96.48 por ciento. Asimismo, el Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción capacitó a 42 entes públicos y concluyó nueve implementaciones en áreas como obra pública, licencias, catastro, recaudación y servicios de salud.
En cuanto a la estructura municipal y las herramientas de seguimiento, se informó que el Estado de México (EMX) cuenta actualmente con 123 sistemas municipales anticorrupción, equivalentes a una cobertura de 98.4 por ciento. La Plataforma Digital Estatal incorporó 22 mil 456 nuevos registros, para alcanzar un total de 174 mil 131. No obstante, Gándara Ruiz Esparza advirtió que uno de los desafíos será conseguir que las instituciones atiendan las recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador, debido a que estas no tienen carácter vinculante, aunque insistió en que ello no debe ser motivo para desatenderlas.
Más de 416 mil servidores públicos mexiquenses presentaron declaración patrimonial
En representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la secretaria de la Contraloría, Hilda Salazar Gil, señaló que este tipo de ejercicios permite evaluar los avances institucionales e identificar los asuntos que requieren atención.
“La transparencia fortalece la confianza cuando existe congruencia entre lo que se informa y lo que se hace”, expresó.
La funcionaria reiteró el compromiso del Ejecutivo estatal con la prevención de irregularidades, la fiscalización de los recursos públicos y la rendición de cuentas, mientras que el informe dejó sobre la mesa el reto de traducir los resultados presentados en acciones verificables y fortalecer la respuesta de las instituciones ante posibles actos de corrupción.
