Sin diagnóstico público situación de violencia en México: Senado

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de febrero de 2017.- A diez años del drástico aumento en los homicidios en México, el gobierno federal carece de algún diagnóstico oficial, público o detallado que permita a la sociedad evaluar las situaciones de violencia que se registran en el país.

Un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República advierte que, además, se carece de evaluaciones públicas del desempeño, y de resultados íntegros, de los operativos de carácter policial que son efectuados por integrantes de las Fuerzas Armadas; es decir, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la de Marina Armada de México (Semar).

En el estudio denominado “Seguridad Interior, elementos para el debate”, este centro de investigación denuncia que pese a que actualmente se está discutiendo el tema para ofrecer una amplitud de estas facultades, en la actualidad se carece de un diagnóstico detallado de la situación en la que se encuentran los cuerpos de policía de todo el país.

Particularmente –acepta– se carece de alguna evaluación pública del desempeño de los integrantes de la Policía Federal, así como de su división de Gendarmería, que permitan dilucidar por qué ahora se estima que estos modelos de operación policial son insuficientes para enfrentar al crimen organizado.

“Esta falta de información revela no sólo la ausencia de una cultura de rendición de cuentas, sino también la falta de normatividad adecuada que obligue a la publicación proactiva de los datos necesarios para la toma de decisiones certeras y sustentadas”, menciona el estudio del instituto que preside el senador Miguel Barbosa Huerta.

Asimismo, indica que ante la relevancia de este tema en la agenda nacional, es urgente subsanar esa carencia de información ya que debe ser una prioridad del Estado mexicano. “Sin diagnósticos precisos de las situaciones de violencia en el país y del desempeño integral de nuestras fuerzas de seguridad, las decisiones que se tomen serán, muy probablemente, poco acertadas”, advierte.

Así las cosas, para el Instituto Belisario Domínguez la información oficial disponible muestra que no existió una crisis de seguridad, ni una “ola de violencia” (salvo en Michoacán) que justificara el despliegue simultáneo de operativos con las Fuerzas Armadas, de carácter permanente, en diversos estados del país entre 2006-2007.

Estos datos oficiales revelaban que la implementación de estos operativos, lejos de disminuir la violencia existente (que se encontraba en mínimos históricos), la incrementó de forma drástica. De tal manera que, la evidencia empírica disponible advierte de la necesidad de imponer controles estrictos, así como amplias medias de supervisión y evaluación públicas, sobre este tipo de operativos.

De igual manera, considera que la Ley de Seguridad Interior no resolverá necesariamente la carencia de un marco legal que regule y limite la participación de las Fuerzas Armadas, sino que pueda expandir sus facultades en tema de seguridad pública, estado de excepción, protección civil y salubridad general.

Igualmente, indica que las iniciativas presentadas presentan problemas constitucionales con respecto a los artículos 21, 29, 73 y 129 de la Constitución, ya que los conceptos ofrecidos en las iniciativas para describir afectaciones y amenazas a la seguridad interior son ambiguos, lo que podría dar lugar a un amplio margen de discrecionalidad.

“Aunque las iniciativas si incluyen algunos mecanismos de control y supervisión, no siempre apuntalan la cultura de la rendición de cuentas propias de un orden democrático constitucional”, enfatizó la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez.

¿Qué hacer para mejorar la seguridad interior?

Para los investigadores parlamentarios, la primera tarea del Estado Mexicano para mejorar la seguridad interior es ajustar el sistema de justicia a través de acciones como “la indispensable profesionalización de los policías municipales, estatales y federal”, así como dotar de autonomía real a las procuradurías y fiscalías del país, particularmente a la que será la Fiscalía General de la República (hoy PGR), con especial énfasis en la renovación de sus capacidades en materia de investigación y persecución de los delitos.

De igual manera, el documento –puesto a disposición de los coordinadores parlamentarios del PRI, Emilio Gamboa Patrón; PAN, Fernando Herrera Ávila; PRD, Miguel Barbosa Huerta; PVEM, Carlos Alberto Puente Salas; y PT, Manuel Bartlett Díaz– recomienda mejorar el sistema de justicia.

“Se trata de un proceso que, sin bien puede ser complejo, podría proporcionar beneficios muy importantes para la institucionalidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho en el país”, signan los investigadores parlamentarios.

Sin embargo, consideran que si bien este proceso ya inició con la reforma constitucional en materia de justicia penal de 2008, por lo que ahora no es necesario comenzar a escribir sobre una “tabla rasa”, sino que ya contamos con diagnósticos y evaluaciones para orientar con mayor precisión los pasos futuros en esta materia.

Enfatizan que para incrementar las atribuciones de las Fuerzas Armadas para atender cuestiones de seguridad es necesario dar un sustento legal para evitar los problemas que aquejan actualmente a nuestro país: elevados niveles de violencia e impunidad; falta de capacidades por parte de policías y autoridades civiles; poca o nula información para la toma de decisiones; ocurrencia de violaciones graves a derechos humanos, entre otros efectos negativos.

Es por ello que se pronuncian por mejorar el sistema de justicia de forma integral –situación que llevará tiempo– pero es la opción con mayor potencial para aminorar la impunidad, disminuir los delitos más violentos, reducir la frecuencia y la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y ayudar a resolver conflictos sociales agudos, concluyen.