Derriban a pilotos de EU sobre el Mar Rojo; se presume fuego amigo
GUADALAJARA, Jal., 10 de marzo de 2017.-La Directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (Cenesex) Mariela Castro, quien por muchos años ha luchado por los derechos de la comunidad LGBTTTI, los derechos sexuales de los cubanos, la prevención del Sida y ha manifestado su postura en favor del aborto, los derechos de la mujer y la libre decisión sobre sus cuerpos, recibirá el Premio Maguey en la FICG 2017.
La sobrina del ya fallecido Fidel Castro e hija del presidente de Cuba Raúl Castro, ofreció una conferencia sobre el significado del Día Internacional de la Mujer, organizada por la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la UdeG.
“Las leyes por sí solas no cambian las conciencias de las personas, ni la cultura; por lo tanto, hay que desarrollar políticas más integrales, más complejas que abarquen distintos ámbitos de la sociedad y que lleguen al corazón de las personas, que les ayuden a cambiar y a comprender que todos los seres humanos tenemos derecho a compartir los mismos espacios, y por eso no podemos aceptar razones para excluirlas”, dijo la activista cubana.
La hija del presidente cubano Raúl Castro y Vilma Espín Guillois, recordó que ella nació en una sociedad en revolución, en medio de la lucha, lo que la ha motivado a pelear por conquistar todas las justicias para la comunidad LGBTTTI sin desvincularse de los derechos de las mujeres, de la infancia y la juventud.
“Ha sido difícil porque he tenido que estudiar mucho. Tengo que acercarme desprejuiciadamente para tratar de entender por qué nos enseñaron las cosas de una manera y hacia dónde tenemos que dirigir los cambios. Porque en la búsqueda de cambios hay confusiones, tendencias que se ponen de moda, manipulaciones, y es bueno identificar ideológicamente por qué lo hacemos, para qué, cómo articular el discurso para ayudar a la gente a hacer un cambio profundo. Muchos países han logrado leyes importantes”, subrayó Castro en entrevista.
En cuanto al aborto dijo que es preocupante que en pleno siglo XXI existan países donde las mujeres estén expuestas a la vulnerabilidad de políticas que no respetan su derecho pleno de decidir y estén condenadas a elegir entre la cárcel o la muerte por no garantizar un servicio seguro y responsable de interrupción de un embarazo no deseado.