Sombras del abandono

Viviendas vacías, despojos, auge del crimen, casas de seguridad y distribución de droga

De manera reciente,  el Infonavit anunció que tiene previsto construir viviendas en el Estado de México como parte de su Programa de Vivienda para el Bienestar. De acuerdo a sus propios datos, se espera que en abril comiencen la construcción de 13,500 viviendas, ampliándose a 52,980 en mayo y 7,300 en junio. El objetivo es atender, supuestamente, la demanda de vivienda en el Oriente del Estado de México, donde municipios como Nezahualcóyotl tienen una gran demanda potencial, contradictorio si tomamos en consideración que es uno de los municipios donde ha disminuido su población y no cuenta con reserva territorial adecuada para su construcción.

La intención del gobierno federal de construir viviendas con base en una supuesta alta demanda de vivienda, se contradice con todas las viviendas vacías que existen en los fraccionamientos de los municipios de San Vicente Chicoloapan, Chalco, Valle de Chalco, Acolman, Texcoco, Ecatepec, Coacalco, Tultitlan, Izcalli, Cuautitlan México, Tecamac, Zumpango, entre otros en el Valle de México.  Y en el caso del Valle de Toluca se encuentran en la misma situación los fraccionamientos construidos en la última década en los municipios de Toluca, San Mateo Atenco, Mexicaltzingo, Chapultepec, Calimaya, Lerma, Zinancatepec, Almoloya de Juárez, entre algunos otros.

El estado de México ha sido testigo de un fenómeno preocupante como lo es el abandono masivo de viviendas en esos fraccionamientos de interés social.  Lo que en la década de los 80´s y 90´s  se considerá una solución al déficit habitacional, se ha transformado en una caldo de cultivo para la delincuencia, la descomposición social y los despojos patrimoniales violentos.

La mayoría de los fraccionamientos se han construído en las periferias urbanas, con la consecuente carencia de servicios públicos básicos, infraestructura  adecuada, acceso eficiente en transporte público por la falta de vías de comunicación suficientes.  A eso, agregar que se construyen los fraccionamientos para vivienda, con espacios destinados para servicios -en el mejor de los casos-, pero no se proyectan espacios para la instalación de centros laborales o cerca de ellos, con la consecuente dificultad y pérdida de tiempo en el traslado a centros de trabajo, lo cual provoca su abandono en un circulo vicioso.

El vacío dejado por los residentes ha sido aprovechado por grupos delictivos o seudo-agrupaciones sociales que se apropian ilegalmente de estas viviendas;  bajo amenazas, intimidación y violencia despojan a sus legítimos propietarios y crean sus propios espacios de seguridad para ejercer sus actividades ilegales.

El caso de la señora Carlota en Chalco fue sólo un evento que dejó a la vista este problema que las autoridades conocen, saben, pero no hacen nada por corregir o crear políticas públicas para evitar su crecimiento, el cual según datos del INEGI del 2020, ponen al estado de México como el estado con mayor número de denuncias por despojo.

La falta de vigilancia en esos fraccionamientos permite que el crimen organizado opere con impunidad, reclutando a jóvenes sin opciones y sembrando el terror entre los pocos residentes que permanecen y que al platicar con ellos sostienen que después de las veinte horas ya no se puede salir.

Antes de construir más viviendas, es imperativo que las autoridades implementen políticas públicas integrales que aborden tanto la recuperación de estas viviendas invadidas, como la revitalización y recuperación de estos espacios habitacionales con vigilancia y actividades de integración social.

Se corre el riesgo que al seguir construyendo fraccionamientos habitacionales sin zonas de trabajo o atención permanente con presencia del gobierno municipal, sigan creciendo como zonas de abandono o zonas de seguridad de la delincuencia organizada.