Sufren soldados sin ir a guerra por desabasto de medicamentos en Sedena
TOLUCA, Edomex., 21 de julio de 2026.- En la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) están dejando morir a sus compañeros de armas sin ni siquiera ir a la guerra, así lo denunciaron los propios soldados al señalar que los intereses económicos de sus superiores mantienen un desabasto permanente en la sanidad militar.
Investigaciones periodísticas apuntan que el teniente coronel Hugo Hermilio García Vargas, tiene a sus empresas consentidas a las que le obsequia millonarios contratos en licitaciones de ortopedia, neurocirugía, hemodiálisis, laboratorio, medicamentos y otros servicios.
Por miedo a las represalias, los familiares de soldados que hoy sufren por la escasez en los servicios prefieren guardar el anonimato y aseguran que hace un año el medio de comunicación La Jornada Estado de México (EMX) expuso la red con la que de manera ilegal les asignaban contratos a empresas afines y sin embargo no pasó nada, ni siquiera hubo auditoria.
Las investigaciones apuntan que el teniente coronel de Infantería de Estado Mayor, Hugo Hermilio García Vargas, actual jefe de la Sección de Ejercicio y Control de la Dirección General de Sanidad Militar, es quien ahora coordina el presunto mecanismo para favorecer a determinadas empresas proveedoras durante los procesos de contratación.
Detallan que el militar García Vargas fue colaborador cercano del general Carlos Alberto Rojas Martínez, personaje señalado por corrupción en julio de 2025, y que tras su ascenso dentro de la estructura militar habría mantenido el mismo modelo de operación para beneficiar a compañías vinculadas con contratos de servicios e insumos médicos.
Denuncian continuidad del esquema
La investigación ha puesto en evidencia que proveedoras relacionadas con Samantha Bárcenas Pacheco, identificada por las fuentes como vinculada a Vitalmex, y Nelly Guevara Garibay, relacionada con SYMA, concentraban contratos mediante licitaciones declaradas desiertas y posteriores adjudicaciones directas en Sanidad Militar.
Las mismas fuentes sostienen que el actual jefe de la Sección de Ejercicio y Control presuntamente presiona a los evaluadores de la Dirección General de Sanidad para emitir dictámenes favorables a empresas que, aseguran, incumplen especificaciones técnicas, tiempos de entrega o requisitos establecidos en las contrataciones públicas.
Incluso, afirman que habría solicitado la reincorporación de personal que previamente había sido separado de esos procesos con el propósito de mantener el funcionamiento del esquema denunciado.
Alcanzaría también contratos para el INSABI
Las denuncias también señalan que el presunto mecanismo trascendió el ámbito militar e influyó en procedimientos de contratación que el Ejército realizó para el entonces Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
De acuerdo con las fuentes, ello habría contribuido a mantener problemas de abastecimiento en hospitales que anteriormente pertenecían al INSABI y sus instituciones sucesoras, afectando tanto a derechohabientes militares como a población civil de escasos recursos.
Acusan consecuencias para pacientes
El impacto, sostienen las fuentes, va más allá de las contrataciones administrativas.
Afirman que los retrasos en la entrega de insumos y equipos médicos han provocado la suspensión o demora de procedimientos especializados en áreas como neurocirugía, traumatología, hemodiálisis y oftalmología, obligando a pacientes y familiares a adquirir por su cuenta medicamentos, prótesis, material quirúrgico y otros insumos.
Las personas entrevistadas sostienen además que se trata de un grupo que, según su versión, mantiene un desabasto artificial dentro de los servicios médicos de la Sedena para beneficiar intereses económicos particulares.
Sin sanciones visibles
Aunque desde el 2025 ya se advertía sobre una licitación superior a 750 millones de pesos relacionada con servicios de hemodinamia que presuntamente buscaba adjudicarse de manera directa, no hay ningún castigado.
Hoy un año después, los soldados afectados aseguran que el mismo patrón continúa observándose en diversos contratos sin que, hasta el momento, existan sanciones públicas o resoluciones oficiales que informen sobre investigaciones concluidas contra los presuntos responsables.
Piden auditorías e investigación penal
Ante este panorama, personal militar demanda que las autoridades federales realicen una revisión integral de las contrataciones efectuadas desde 2024.
Entre las medidas que proponen se encuentran una auditoría externa e independiente de los contratos adjudicados en los rubros de ortopedia, neurocirugía, anestesia, hemodiálisis, laboratorio, medicamentos y servicios oftalmológicos; una investigación penal por posibles hechos relacionados con cohecho, peculado, presión indebida a servidores públicos y omisiones en la prestación del servicio; la publicación del padrón completo de proveedores, así como de las razones por las cuales diversas licitaciones fueron declaradas desiertas, además de una reestructuración de los procesos de adquisición para impedir posibles conflictos de interés.
