Cae presunto coautor de feminicidio de la abogada Oralia Pérez Garduño
CIUDAD DE MÉXICO, 09 de enero de 2019.- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que han sido registradas al menos 20 mil personas como víctimas de delitos de alto impacto o que han visto vulnerados sus derechos humanos, tan solo por el orden federal.
Durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto se conformó dicho organismo tras la publicación de la Ley General de Víctimas que fue el 9 de enero de 2013. Hace cinco años, se consolidó la estructura de la CEAV, y su titular, el comisionado ejecutivo Jaime Rochín del Rincón, reconoció que los resultados “son fruto de la lucha de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil para la creación de una política nacional de atención y acompañamiento en la materia”.
Por medio de un comunicado, Rochín del Rincón apuntó que la institución ha encabezado un paradigma nuevo, en el que el Estado afronta una deuda con la ciudadanía a través del acompañamiento a las víctimas en su búsqueda de justicia, verdad y reparación integral. Enfatizó que la Ley General ha sufrido modificaciones para perfeccionar la atención que se brinda a las víctimas, logrando que el proceso de acceso a medidas de ayuda y asistencia sea más ágil y eficaz.
Destacó que del año 2015 al 2018, se han entregado cerca de mil millones de pesos por concepto de recursos de ayuda y compensaciones como parte de la reparación integral. Reiteró que se amplió la presencia de la CEAV a todo el territorio nacional, al haber instalado 32 Centros de Atención Integral, con lo que se ha brindado apoyo y atención a las víctimas en su lugar de residencia, sin necesidad de desplazarlas.
En este sentido, Rochín recalcó la importancia de que los gobiernos estatales cumplan con la creación de los mecanismos necesarios de homologación de su normatividad local con la ley federal, así como con su deber de garantizar la plena operación de los sistemas estatales de atención. Destacó que lo anterior es una obligación legal y moral, pues las entidades federativas no pueden dejar a sus víctimas en el abandono.
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