
Del servicio público al espectáculo: los rostros del poder en los municipios
El nativismo alcanzó su máxima expresión a principios del siglo 20, mediante la llamada legislación de cuotas de 1921, que legalizó la hegemonía blanca anglosajona protestante (WASP) en la composición poblacional del país, temerosa de algún cambio cultural que desembocara en el deterioro moral y racial de la nación, lo que provocó la reducción de la inmigración procedente del sur y este de Europa y la consolidación del racismo eugenista como base de la política pública.
August Samie nos dice en su artículo “nativismo ideología y gobernanza” publicado en la página digital de la Enciclopedia Britannica, que: durante la Segunda Guerra Mundial, hubo acciones de hostilidad hacia los extranjeros, tales como la reclusión de ciudadanos americanos de origen japonés en campos de concentración, ocurrida entre 1942 a 1945. Correlativamente, en 1942 fue suscrito un acuerdo bilateral de trabajo temporal entre México y Estados Unidos, conocido como el Programa Bracero, que permitió la contratación legal de trabajadores agrícolas para suplir la escasez de mano de obra en el campo, causada por la guerra, sin embargo, a pesar de ser inmigrantes temporales legales, muchos braceros fueron explotados: salarios bajos, condiciones insalubres, fraudes y abuso laboral, corrupción y negligencia, tanto de autoridades mexicanas como estadounidenses.
En la posguerra comenzó a disminuir gradualmente el ardor más extremo del nativismo en la legislación; La Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965, animada por ideales de no discriminación, abolió el sistema de cuotas por origen nacional y permitió la inmigración con un criterio más igualitario (aunque no universal ni indiscriminado).
Durante las décadas de los 70 y 80, la inmigración legal aumentó, aunque al mismo tiempo, creció la indocumentada, sobre todo, a través de la frontera con México; estos cambios demográficos reavivaron antiguos temores en ciertos sectores de la población WASP. Para 1970, se había conformado un “movimiento de reducción de la inmigración” que abogaba por volver a restringir drásticamente la entrada de extranjeros; se fundaron organizaciones que se convirtieron en grupos de presión, como la Federation for American Immigration Reform(FAIR) de 1979, cuyos argumentos se pueden encontrar en su página oficial y los principales son: 1) La inmigración masiva en especial, la ilegal, sobrecarga fiscalmente a los contribuyentes, al aumentar la demanda de recursos públicos como educación, salud, seguridad social, vivienda y justicia penal; 2) Una inmigración poco regulada pone en riesgo la unidad nacional al debilitar la identidad cultural estadounidense, dividir a la población en enclaves lingüísticos y religiosos, y erosionar los valores cívicos comunes, como el idioma, la “cultura americana” y el rechazo a los valores democráticos; 3) El ingreso de trabajadores inmigrantes, provoca una competencia desleal en el mercado laboral, lo que reduce los salarios y oportunidades de empleo para los ciudadanos estadounidenses, especialmente los de menores ingresos, ya que los empleadores se benefician al pagar menos a inmigrantes indocumentados o recientes, lo que desplaza a trabajadores locales y genera desigualdad.
Contra tales creencias, se han levantado sendas críticas, como: 1) Estudios independientes del Pew Research Center o del Institute on Taxation and Economic Policy han mostrado que los inmigrantes, incluso indocumentados, también pagan impuestos y contribuyen significativamente a la economía en el largo plazo; 2) Numerosos estudios han demostrado que la mayoría de los inmigrantes se integran gradualmente en el idioma, la economía y la vida cívica, especialmente en la segunda generación; 3) muchos economistas, incluyendo la American Economic Association, afirman que el efecto de la inmigración en los salarios es limitado y que, a largo plazo, los inmigrantes contribuyen al crecimiento económico, aumentan el consumo y crean nuevos empleos.
En el terreno político, el Centro de Investigación en Relaciones Internacionales en Barcelona (CIDOB) en su página digital, explica que: la retórica anti-inmigrante sirvió para impulsar campañas electorales federales en los 90s, tal como se pudo advertir en la del conservador Pat Buchanan, quien durante las “primarias republicanas” de 1992 y 1996 proclamó lemas y consignas nativistas, como el entonces, casi centenario “America First” y propuestas de suspensión temporal a la inmigración. Buchanan no ganó la nominación, pero sembró la semilla de lo que después sería la plataforma política llamada “trumpismo”. La Biblioteca del Congreso de los EEUU en su Guía (digital) de Recursos, nos informa que: en 1994, en California, se consultó a la ciudadanía la Proposición 187, cuyo contenido era: negar los servicios básicos como educación y salud a inmigrantes indocumentados y la obligación a funcionarios locales de denunciarlos y su principal promotor fue el gobernador Pete Wilson, quien, describía a los “illegal inmigrants” como delincuentes y carga para los contribuyentes por la demanda de servicios públicos; la ley fue anulada en 1999, pero dejó su huella como sentimiento antiinmigrante en la población, que después sería usada políticamente por personajes como Donald.
Al final del siglo 20, el nativismo era existente, aunque, en general, menos intenso que en etapas anteriores y sólo con algunos brotes aislados, sin embargo, los ataques del 11 de septiembre (9-11) sirvieron para reavivar y enardecer el discurso.
En efecto, August Samie nos relató en su artículo ya citado, que: la reivindicación del ataque por parte de Al Qaeda, organización terrorista islamista, sirvió para que, la extrema derecha, aprovechara para la difusión de su discurso xenófobo de considerar a cualquier musulmán o árabe, aún, cuando ya estuvieran establecidos legalmente, como una amenaza, llegando a proponer, incluso la internación, como en 1942. La llamada “Guerra contra el Terror” de George W. Bush provocó, entre otras cosas, la islamofobia, es decir, el recelo hacia la población musulmana, así como el endurecimiento de las restricciones a la inmigración de países de mayoría musulmana, retomada por Trump en su Orden Ejecutiva del 27 de enero de 2017.
CONTINUARÁ