Un Golpe financiero necesario, México y EU
Desactivan una red internacional de lavado vinculada al Cártel del Pacífico
La decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluyendo a la OFAC (Office of Foreign Assets Control) y el FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), para bloquear operaciones financieras a 31 personas físicas y morales vinculadas al Cártel del Pacífico, representa uno de los golpes más contundentes de los últimos años contra las finanzas criminales que intentan infiltrarse en la economía nacional.
Los hallazgos son claros: esta red movió más de mil millones de pesos mediante esquemas de triangulación en México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania. Las empresas fachada operaban casinos, restaurantes y negocios de entretenimiento que simulaban actividad económica para dispersar capitales ilícitos y ocultar a los beneficiarios finales.
Desde el inicio, la red fue construida para delinquir, no para operar negocios. Como doctor en finanzas y especialista en fiscalización superior y control interno, he visto de cerca cómo estructuras corporativas supuestamente “legales” son utilizadas para lavar dinero a gran escala.
Este caso es un ejemplo de manual: empresas creadas únicamente para mover recursos ilícitos, distorsionar mercados y evadir la supervisión del Estado.
No podemos permitir que quienes violentan la ley compitan en la vida económica como si fueran actores legítimos. No se trata sólo de congelar cuentas; se trata de frenar mecanismos diseñados para corromper mercados, manipular precios y debilitar al erario.
El resultado de la coordinación UIF–OFAC–FinCEN demuestra que, cuando las instituciones actúan con rigor técnico y cooperación internacional real, las redes criminales quedan expuestas. Este operativo cumple con los estándares más estrictos del GAFI (Grupo de Acción Financiera) o FATF (Financial Action Task Force), creados para cerrar espacios a estructuras que operan desde hace años con el objetivo de burlar controles fiscales y financieros.
En mi experiencia en el ámbito de la fiscalización, sé que permitir que estas redes crezcan sin intervención genera riesgos sistémicos que terminan golpeando a empresas formales, a las finanzas públicas y a la confianza en el sistema financiero.
Este golpe financiero envía una señal inequívoca: quien intente infiltrar recursos ilícitos en el sistema financiero mexicano será bloqueado, investigado y neutralizado.
Celebro la contundencia de esta acción. La integridad del sistema financiero no es negociable y la economía nacional no puede convertirse en refugio para capitales criminales que buscan legitimarse a través de estructuras comerciales simuladas.
Hoy el Estado mexicano demostró que tiene la capacidad técnica y la determinación para actuar con firmeza. Desde mi perspectiva profesional, este operativo no sólo era necesario, era urgente.
