Uniformados rabiosos

Quizá todas las profesiones u oficios conllevan un riesgo, desde la del médico en una sala de urgencias hasta la del albañil que puede caer al vacío. Sin embargo en cuántas de las disciplinas a desarrollar –arquitecto, plomero, enfermera, maestra, cocinero, mecánico, ingeniera etc.-, un tercero actúa  de manera deliberada, es decir a propósito, para sabotear, entorpecer, perjudicar, estropear y hasta humillar a quien tiene la iniciativa de aplicarse en su labor diaria; quizá también no falten en cada labor aquellos maloras o mal intencionados que siempre perjudican, pero casi ninguno con agresiones físicas.

Todo lo anterior viene a colación de un escenario en el que los periodistas que se fletan a cielo abierto, generalmente, deben soportar por parte de policías de los tres niveles de gobierno, quienes conscientes de su impunidad han tomado la costumbre de agredir por agredir, insultar y hasta sobajar a quienes pretenden tomar fotos, grabar video o investigar algún asunto de interés público.

Lo ocurrido el lunes 31 de octubre en la carretera Toluca- México por parte de policías federales contra periodistas, refleja la furia que guarda la autoridad contra informadores. La flagrancia que muestran los videos en el actuar de servidores públicos federales, suma suficientes elementos, no sólo para despedir e inhabilitar a los rabiosos uniformados, sino para investigar de manera más profunda el rencor que vienen administrando individuos que hoy son policías y mañana pueden convertirse en delincuentes. La papa se calienta cada vez más y no es normal que suceda, aunque la costumbre hace hábito.

El intento de criminalizar la labor periodística pone muy en entredicho a quienes se llenan la boca defendiendo el derecho a la información. Los agresores de este lunes dan pie para pensar lo peor: son  enemigos que enmascarados clandestinamente, pueden tomar revancha contra quien quieran y a la hora que quieran. No son confiables al confundir el servicio público con lo personal. Las asociaciones de periodistas están obligadas a repeler un futuro de riesgos incalculables: la pérdida de vidas inocentes por intolerancia gubernamental.