Usan convoy policial para desalojar a emprendedora en Valle de Bravo
VALLE DE BRAVO, Edomex., 26 de agosto del 2026.- La clausura de una crepería ubicada en el centro de Valle de Bravo derivó en una denuncia pública por presunto abuso de autoridad contra el Ayuntamiento encabezado por Michelle Núñez Ponce, luego de que la dueña del establecimiento, identificada como Idannia Jasso, mencionó que para realizar la diligencia fueron movilizados al menos siete agentes de la Policía Municipal, además de personal de distintas áreas y corporaciones de seguridad. La comerciante cuestionó el despliegue de fuerza utilizado durante el procedimiento y aseguró que posteriormente llevaron detenida a una de sus trabajadoras al Ministerio Público.
Mediante una transmisión en vivo difundida en redes sociales, la mujer afirmó que el establecimiento fue cerrado bajo el argumento de que no contaba con licencia de funcionamiento, aunque sostuvo que el documento se encontraba en trámite y que ya había cumplido con pagos y otros requisitos.
Cuestionan uso de la fuerza en un procedimiento de carácter administrativo
Yo ya tenía trámites correspondientes con los cuales puedo comprobar que ya estaba en trámite mi licencia”, declaró durante una entrevista realizada después de los hechos.
La afectada señaló que al negocio llegaron entre ocho y 10 personas vinculadas con autoridades, entre ellas personal jurídico y de Desarrollo Económico, además de policías municipales. De acuerdo con su versión, inicialmente algunos servidores públicos no se identificaron y posteriormente se procedió a la suspensión del establecimiento, pese a que días antes había recibido una notificación y había presentado documentación para continuar con la regularización.
Uno de los momentos que generó mayor cuestionamiento fue el traslado de una trabajadora de 25 años al Ministerio Público, ya que la comerciante acusó que las autoridades ahora buscan responsabilizar falsamente a la empleada de haber privado de la libertad a trabajadores del Ayuntamiento, cuando, según su versión, fueron los propios funcionarios quienes cerraron la puerta del negocio durante la diligencia.
Trabajadora de 25 años fue llevada al Ministerio Público por presunto intento de secuestro
Ahora dicen que ella fue quien cerró la puerta y por eso la trajeron aquí al Ministerio Público”, denunció.
Además, en una de sus transmisiones en vivo, Jasso cuestionó la forma en que la trabajadora fue escoltada y trasladada, al considerar que la actuación fue desproporcionada frente a una diligencia administrativa relacionada con un permiso comercial.
“Vean cómo la llevan escoltada como si fuera una delincuente”, expresó, al insistir en que ella era responsable del establecimiento y que su empleada únicamente se encontraba trabajando en el lugar.
El caso abrió cuestionamientos por la actuación de autoridades municipales
La comerciante también aseguró contar con cédulas de notificación, comprobantes de pago y documentos relacionados con la inspección de Protección Civil, por lo que consideró irregular que se concretara la clausura antes de concluir su proceso de regularización. Además, afirmó que le habían dado un plazo de tres días para completar trámites, aunque sostuvo que la diligencia se realizó sin respetar ese periodo y cuestionó que los funcionarios no mostraran debidamente la documentación que acreditara su actuación.
Cabe señalar que, el caso abrió cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y el número de funcionarios movilizados para atender una diligencia de carácter administrativo. Aunque Jasso reconoce que su licencia de funcionamiento aún no había sido expedida, sostiene que el procedimiento estaba en curso y que la intervención de las autoridades escaló hasta involucrar a una trabajadora en una acusación de presunto secuestro. Derivado de este despliegue, la afectada exigió una explicación sobre la actuación de los funcionarios y advirtió que presentará las evidencias que, asegura, respaldan su versión de los hechos.
