Uso de razón/ Pablo Hiriart

Urge un pacto por la seguridad

Doble contra sencillo que vamos a llegar al primer debate entre candidatos presidenciales y la pregunta central va a ser: “¿cómo va a combatir usted la inseguridad?”

Mientras no haya un acuerdo transexenal contra la inseguridad y la violencia vamos a seguir dando vueltas en círculo.

Este no es un asunto de partidos, sino un problema de Estado.

Olvidémonos de quién puede ganar la Presidencia y entremos a este tema porque en él le va la vida y el patrimonio a mucha gente.

Estamos en el mismo punto que en 1997 en cuanto a homicidios dolosos. No hemos avanzado nada. Una vergüenza.

Ni el PRI ni el PAN desde la presidencia han podido resolver el problema, que desde luego tiene solución.
Y cuando AMLO gobernó el DF puso a la capital como la entidad más insegura del país.

Sólo en enero y febrero hubo casi cuatro mil homicidios dolosos en México.

En Chihuahua mataron a una periodista, Miroslava Breach, y el tema hizo ruido por lo inaceptable del caso, pero también porque era una profesional conocida.

Dos meses antes habían matado a otro periodista en Chihuahua, y sólo en marzo mataron al reportero Ricardo Monlui en Yanga y a Cecilio Pineda en Ciudad Altamirano.

La democracia no tiene sentido sin seguridad personal y patrimonial.

Basta de demagogia y de usar a la criminalidad como arma arrojadiza en el debate político. Todos son culpables de la situación que prevalece en el país.

Las fosas con cadáveres siguen apareciendo en Veracruz, Guerrero y Morelos.

No puede ser que partidos políticos se opongan al mando único de las policías estatales porque dejaría de entrarle dinero a municipios grandes que controlan.

Opónganse con otros argumentos y tal vez tendrán razón, no lo sé, pero hasta ahora es el dinero que les reportan los municipios lo que frena el mando único.

Con las policías municipales se controla el flujo de dinero de la piratería, el ambulantaje, los giros negros, el narcomenudeo, y ahí está el quid de su oposición al mando único.

La ausencia de una política de Estado en el combate a la inseguridad nos condena para siempre a seguir con tasas de homicidio como la que vivimos ahora y hace 20 años.

Que paguen los jueces que cargan la balanza del lado de los delincuentes y ministerios públicos que integran mal las averiguaciones para favorecer al infractor.

Las cárceles estatales son gobernadas por los presos. El verdadero reo es el ciudadano que está afuera.
Desde los penales estatales se orquestan asesinatos, extorsiones y secuestros.

Y los medios de comunicación dejemos de hacer apología de delincuentes que se enfrentan al Ejército o a la Policía Federal.

Basta de atacar al Ejército. Apoyémoslo, que es lo último que nos queda.

Los gobiernos de los estados no hacen la tarea necesaria para retirar al Ejército de las calles, a pesar de haber recibido 110 mil millones de pesos en la última década para profesionalizar a sus policías y a la de municipios.

Hay que castigarlos. Debe haber sanciones establecidas en un gran acuerdo nacional.

No podemos seguir dejando que criminales hagan justica por propia mano y entierren a sus rivales en fosas con cal.

Todos coinciden en que, a largo plazo, a la criminalidad hay que combatirla con educación. Entonces ¿por qué oponerse a la reforma educativa?

Pura grilla.

Antes de ir a la campaña presidencial, es urgente un acuerdo transexenal de seguridad. Si no lo hay, estamos liquidados.