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TOLUCA, Edomex., 6 de enero de 2014.- La Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal cerró el año con mil 500 auditorías que la ubican como la entidad que más examina su propia gestión económica, señaló el titular del área, Alejandro Hinojosa Velasco.
El segundo estado con más de estos procesos es Jalisco, con 500, es decir, la tercera parte de lo que llevó a cabo la entidad mexiquense durante 2013, con el fin de ubicar errores, corregirlos y prevenir desvíos de recursos o algún otro acto contrario a la ley, señaló Milenio en su portal.
«Nos revisamos mucho a nosotros mismos, tanto que este año no vino la Auditoría Superior de la Federación porque ya teníamos cubiertos prácticamente todos los programas», señaló el contralor.
En estas revisiones ubicaron diversas irregularidades: faltantes, procesos mal encausados, entre otros, que ameritan diversas sanciones; en algunos casos han tenido que suspender o destituir a los involucrados.
No obstante, no hallaron casos graves que ameriten acusaciones penales por la configuración de un presunto delito. «Hemos encontrado de todo, procuramos ir corrigiendo, invitar a las dependencias a que corrijan, no está el expediente completo.
«Cuando ha sido necesario se han impuesto las sanciones respectivas sin importar el cargo del funcionario involucrado», tal como lo señala la Ley de Responsabilidades Públicas que deben tener presentes todos los servidores.
El mayor problema encontrado es la falta de documentos en los expedientes. En otros casos son trámites ejecutados sin la autorización de las dependencias normativas para ello.
Lo que procede en estos casos es que gestionen ante la instancia respectiva, puede ser el gobierno federal o el estatal, para cubrir el trámite pendiente y garantizar que todo lo lleven a cabo como lo marca la norma.
Durante 2013, señaló Alejandro Hinojosa, también hicieron 106 evaluaciones a desempeño y a proceso, 23 mil inspecciones entre otras acciones, esto con el fin de cumplir con las atribuciones de vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública; así como lo relativo a la manifestación patrimonial y responsabilidades de los servidores; la atención y resolución de quejas y la promoción de la participación en la vigilancia de obras y programas sociales.