Coletazo de dinosaurio las reformas del 25 de julio en Edomex

-Gobierno estatal se garantiza margen de maniobra financiera a costa de los mexiquenses

#PensemosElFuturo

Javier Salinas Narváez

-Doctor en Administración Pública

¡Les deseo una excelente semana, amig@s de Quadratín!

El pasado 25 de julio, el gobernador Alfredo del Mazo se lanzó “fuerte y con todo” para neutralizar a la próxima Legislatura mexiquense, de mayoría opositora. Al más puro estilo del Grupo Atlacomulco, envió al Congreso local tres reformas a fin de darse un amplio margen financiero para lo que resta del presente año y los siguientes:

En primer lugar pidió autorización para reestructurar o refinanciar la deuda pública estatal, y le fue concedida por la mayoría priísta “carta blanca” sobre más de 43 mil millones de pesos, modificando, de manera subrepticia, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado para 2018, para prorrogar, indebida e ilegítimamente, las facultades que le fueron conferidas por el propio Congreso para ejercer el margen de endeudamiento que no ha utilizado ni alcanzará a utilizar en lo que resta del año, ya sea por negligencia o por ser innecesaria, lo cual, en cualquier caso, es irresponsable.

El artículo segundo de este decreto prorroga la autorización al Ejecutivo estatal para utilizar los 2 mil 800 millones de pesos que le autorizó la presente Legislatura en noviembre del año pasado para atender a las víctimas de los sismos, pues la autorización correspondiente estaría por vencerse.

Si bien los fines son irreprochables, se desconocen los proyectos y programas específicos en los cuáles serán utilizados los recursos; cuando un año no fue suficiente para que el gobierno atendiera a los miles de familias mexiquenses damnificadas, las cosas se ponen aún más extrañas.

El artículo quinto autoriza al Ejecutivo estatal a afectar hasta 100% de las participaciones federales y del Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) para el pago de la deuda, comprometiendo el futuro de los mexiquenses y dejando un margen nulo a la próxima Legislatura para utilizar estos recursos como garantía de otros endeudamientos con fines distintos a los que disponga el gobernador.

El artículo décimo segundo del decreto adiciona, de manera absolutamente obscura, el artículo 2 Bis a la Ley de Ingresos 2018, autorizando el endeudamiento referido y el artículo décimo tercero ordena a la próxima Legislatura, donde no tendrán mayoría, a incluir dichas modificaciones en el paquete económico 2019.

En tanto, con el decreto para regular la emisión de títulos de crédito de corto plazo denominados Certificados de la Tesorería del Estado de México, la mayoría priísta autorizó a la Secretaría de Finanzas a contratar deuda, supuestamente de corto plazo, para contar, desde ahora, con mayores fuentes de financiamiento.

Igual que en el punto anterior, conculca las facultades de la Legislatura para autorizar el endeudamiento público de largo plazo, y confunde las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios con las reglas de endeudamiento de corto plazo -que son más flexibles- por la autorización para emitir obligaciones bursátiles.

El artículo primero, fracción VII, del decreto, faculta a la Secretaría Finanzas para determinar los montos, términos y condiciones generales de las diversas emisiones, en franca transgresión a lo dispuesto por el artículo 61 fracción XXXVII, de la constitución del Estado, que dispone la facultad y obligación de la Legislatura de “aprobar los montos y conceptos de endeudamiento anual del Estado y de los municipios”, en relación con el artículo 28 de la Ley de Disciplina Financiera que regula las obligaciones bursátiles dentro del Capítulo relativo a la deuda de largo plazo.

Suponiendo, sin conceder, que el decreto fuera legal, omite atender el artículo 24 y otros de la Ley de Disciplina Financiera, donde se ordena que la autorización de la Legislatura deberá especificar, por lo menos, el monto autorizado de la deuda pública u obligación a incurrir; el plazo máximo autorizado para el pago; el destino de los recursos; la fuente de pago o la contratación de una garantía, y la vigencia de la autorización, en cuyo caso no podrá exceder el ejercicio fiscal siguiente.

Por su parte, la nueva la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) busca asegurar cierto margen financiero, a costa de la burocracia mexiquense.

Para tal fin, crea un sistema de pensiones basado en las cuentas individuales y una ridícula pensión garantizada. Así, la nueva ley gira en torno de la privatización del sistema de pensiones de los servidores públicos locales (artículos 74 y demás relativos), quienes ahora estarán sujetos a “la mano invisible del mercado”, con garantías mínimas para alcanzar una pensión digna, como ha ocurrido con las AFORES.

Está plenamente demostrado que, bajo dicho esquema, aparentemente el servidor público puede elegir su edad de retiro, sin embargo, de facto, se aumenta la edad para pensionarse, pues si no se tienen las cotizaciones necesarias para alcanzar una pensión decorosa, se le forza a seguir trabajando hasta alcanzar una mejor pensión o, peor aún, a morir en el intento.

También implementa la figura del copago, establecida en el artículo 15 y otros, que no es sino una manera de realizar cobros adicionales a los derechohabientes por los servicios que presta el ISSEMyM, de tal manera que cuando los servidores públicos o sus familiares acudan a los servicios del Instituto para tratamientos muy costosos, los cuáles será determinados por el Consejo Técnico, el seguro ya no le cubrirá la totalidad y tendrá que pagar una parte de estos.

Para complicar más las cosas, incorpora en el artículo 54 nuevas causales por las que el Instituto dejará de pagar los riesgos de trabajo, como la inobservancia o negligencia del servidor público a las normas de seguridad e higiene, dejando la carga de la prueba al trabajador, para evadir muchas indemnizaciones y pensiones.

Con tales decretos, el gobierno priísta aprovecha sus últimos días con mayoría parlamentaria para darse un amplio margen de maniobra financiera, a costa de socavar el sistema democrático de pesos y contrapesos.

Los dos primeros decretos conculcan facultades al Congreso para autorizar el endeudamiento público, mientras en la nueva Ley de Seguridad Social burocrática, se pasa todo el peso del financiamiento a los servidores públicos.

Las reformas del 25 de julio pasarán a la historia como el coletazo del dinosaurio priísta mexiquense en contra de su reciente derrota en las urnas; es de esperarse que los gobernadores de dicho partido actuarán de manera similar, mientras puedan, en sus respectivos estados, y habrá que estar atentos para impedirlo.