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Se ha instalado un sistema de atención telefónica fuera de estos centros para recibir todo tipo de comentarios y denuncias por actos de corrupción.
TOLUCA, Edomex., 30 de octubre de 2015.- Jorge Román Saldívar Guzmán, procurador de Protección al Ambiente del Estado de México, afirmó que para combatir la corrupción que se ha detectado en algunos verificentros, se ha instalado un sistema de atención telefónica fuera de estos centros para recibir todo tipo de comentarios y denuncias por actos de corrupción.
Entrevistado sobre las acciones implementadas para el combate a la corrupción, dijo que se tienen 26 verificentros sancionados, de los cuales en 23 han sido suspendidas las actividades por la Procuraduría del Medio Ambiente y los tres restantes, por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM). En este año se lleva un promedio de cinco sancionados.
El más reciente caso fue en Interlomas, donde el verificentro fue clausurado temporalmente y tres personas fueron detenidas por actos de corrupción, ya que pedían mil 200 pesos para verificar.
Saldívar Guzmán mencionó que a través de los teléfonos se ha logrado recibir un promedio de 100 llamadas telefónicas, por un lado para denunciar, felicitar y hacer todo tipo de comentarios.
Por esa razón, el tema que más les preocupa y ocupa, “es el de consolidar un sistema de atención telefónica que estamos operando en el interior de la Procuraduría Ambiental, en contra de posibles actos de corrupción al interior de verificentros”.
Para ello, hace unos meses establecieron un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), a fin de que los ayudara con el establecimiento de un programa que tiene que ver con la instalación de casetas telefónicas. Sistema innovador y tecnológico en cada uno de los verificentros que está al alcance de los usuarios y que al momento de usar este servicio, conecta de manera de inmediata con el procurador ambiental.
“Estamos trabajando con este sistema telefónico sobre los casos de corrupción, un sistema que se acaba de impulsar hace cinco meses y que requiere de la participación ciudadana”, destacó.
Este programa ha recibido poco menos de 100 llamadas, no sólo denuncias, sino opinión personal, asesoramiento e incluso de felicitación.
Finalmente comentó que las cinco suspensiones que se han dado en este año de manera temporal han sido por diferentes variables y de acuerdo al tipo de violación en que incurra el personal que labora dentro de estos centros, se pueden aplicar multas de 500 hasta 40 mil días de salario mínimo y además, la suspensión de actividades.