La libertad de expresión quedó anulada en dos municipios del Estado de México; en Ozumba, Francisco Avilés Díaz, quiso usar este derecho constitucional durante el primer informe del alcalde priísta, Hugo González Cortés, para denunciar el incremento de secuestros en ese pueblo ubicado en las faldas del volcán Popocatépetl.
Fue rodeado, “encapsulado” -como se dice en el argot policiaco- para alejarlo del sitio en el que se encontraba el acto oficial, incluso, la policía municipal le quiso apagar su pequeño aparato de sonido para ser escuchado.
En Valle de Chalco, un gobierno de izquierda no se quedó atrás, lo mismo sucedió con Ramón Reyes Salazar, un líder priísta que llegó al primer informe del perredista, Jesús Sánchez Isidoro, a señalar que los homicidios iban en aumento en ese municipio en el que la seguridad pública es un fracaso.
Ambos casos, demuestra una enorme miedo de gobernantes municipales de ser interrumpidos en sus actos protocolarios, en sus afanes políticos de querer disfrazar una cruel realidad que sufren miles de mexiquenses con la inseguridad, secuestros y extorsiones.
Ozumba es un municipio azotado por bandas de secuestradores que igual se llevan a jóvenes estudiantes que a comerciantes y amas de casa, para exigir fuertes cantidades de dinero para liberarlas.
En su protesta, el ciudadano Francisco Avilés Díaz, decía de tres secuestros que estaba en proceso en ese momento, así como el caso de una jovencita que fue brutalmente violada.
Pero a la policía municipal de Ozumba sólo le interesaba que el informe de su alcalde  Hugo González Cortés, no fuera interrumpido o molestado con esa denuncia pública.
Aunque los alcaldes de Ozumba y Valle de Chalco no fueron los únicos en violentar el derecho constitucional de la libre expresión; otros ediles mexiquenses mejor se encerraron a “piedra y lodo” para evitar escuchar los reclamos de sus gobernados.
Uno de los casos más extremos fue el informe del panista, Jorge Alberto Galván, alcalde de Chiconcuac, que prácticamente se atrincheró en un salón privado, rodeado de policías, para evitar que entraran “ciudadanos incómodos” que le echarán abajo su acto oficial, con reclamos de la creciente inseguridad.
En Chiconcuac se han realizado marchas  también por los secuestros y asesinatos.
Chalco, no fue la excepción, el priísta Francisco Osorno Soberón también se encerró  con unos cuantos invitados para festejar su primer informe, nada de recibir a los molestos vecinos de San Martín Cuautlalpan, que sufren de secuestros. Para qué, si interrumpen las fiestas por el primer año de gobierno municipal. Falta más