Edomex, número uno en secuestros durante julio; sumó 40 casos

TOLUCA, Edomex., 18 de agosto de 2014.- Los 40 delitos de privación ilegal de la libertad registrados en julio del presente año, colocaron al Estado de México en primer lugar a nivel nacional en este tipo de actos identificados por la sociedad como secuestros y etiquetados por la autoridad como un acto ilícito de gran impacto social, precisó Isabel Miranda de Wallace, titular de la organización Alto al Secuestro.

De acuerdo a la activista y especialista en temas de seguridad, aunque la mayoría de los ilícitos han registrado un descenso de aproximadamente 17 por ciento, los plagios no han disminuido y por el contrario han aumentado de manera sustancial, sobre todo en la entidad mexiquense.

“Los cinco estados con mayor número de secuestros, durante el mes de julio son: Estado de México con 40; Tamaulipas con 32; Guerrero con 20; Distrito Federal con 17, y Morelos con 15”, precisó Miranda de Wallace.

En contraste, apuntó, entidades como Durango, San Luis Potosí, Aguascalientes, Chihuahua, Sinaloa, Querétaro, Colima, Tlaxcala, Yucatán y Baja California Sur reportaron cero delitos de privación ilegal de la libertad en el mes referido.

Entre los municipios que Alto al Secuestro tiene monitoreados como las zonas donde se ha presentado el mayor número de eventos están Ecatepec y Nezahualcóyotl, localidades mexiquenses que habrían registrado 110 y 87 privaciones de la libertad, respectivamente, en lo que va del año.

Altos indicadores de plagios, precisó Isabel Miranda, que se presentan en el territorio estatal y otras entidades del país, pese a que sus gobiernos cuentan con Unidades Especializadas Contra Secuestro, pero dichas instancias operan de forma “precaria”; los sueldos de sus funcionarios son bajos y carecen de capacitación.

Miranda de Wallace detalló que Acapulco acumuló 125 casos; Cuernavaca 110 y Morelia 101.

Hizo un llamado a las compañías telefónicas para que cumplan con la ley federal e incluso estatal, y entreguen en tiempo y forma las peticiones realizadas por los Ministerios Públicos para rastrear las llamadas que hacen los secuestradores a los familiares de las víctimas.

“Finalmente, pedimos al Poder Judicial un mayor compromiso con el combate al secuestro, ya que ha sido el gran ausente en esta estrategia. Tiene que darle a las víctimas el espacio que marca la ley y debe respetar los derechos de las mismas, sin que esto se interprete como un atentado a los derechos de los imputados”, dijo Miranda de Wallace.