Asume chihuahuense Claudia Espino la Secretaría Ejecutiva del INE
VALLE DE CHALCO, Edomex., 12 de marzo de 2014.- Los distritos electorales de Valle de Chalco, Toluca y Ecatepec son los que registraron más casos de víctimas de compra y coacción del voto en el Estado de México y en el país, reveló un estudio de la asociación civil Alianza Cívica.
De acuerdo a sus encuestas en Valle de Chalco el 57 por ciento de los ciudadanos entrevistados respondió ser víctima de coacción del voto, mientras que Toluca con 42 por ciento y Ecatepec con 38 por ciento de sus entrevistados.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México estableció que «el Diagnóstico estatal en materia de participación ciudadana en los procesos electorales en el Estado de México señala que aún persisten varias acciones y prácticas mediante las cuales diversas fuerzas políticas buscan inducir y/o condicionar el voto de los ciudadanos, llegando a utilizar formas ilegítimas o ilegales de operación, en particular, mediante el condicionamiento de programas, obras o beneficios sociales, lo cual está tipificado como delito electoral en el Código Penal Federal».
Juan Hugo de la Rosa García, líder estatal del PRD, dijo que para sustentar lo anterior el IFE citó diversos informes de las elecciones 2006, 2009 y 2012 realizados por la asociación civil Alianza Cívica.
Con respecto a la elección de 2006, el documento señaló que Alianza Cívica llevó a cabo un estudio para conocer sobre la utilización de recursos públicos, particularmente de los programas sociales, para presionar o coaccionar el voto ciudadano.
Según los resultados del estudio, realizado mediante encuestas levantas en 22 estados de la República en 2006, el Estado de México es el primer lugar con el mayor porcentaje de acciones de compra del voto. De acuerdo al análisis de las encuestas levantadas, el 28 por ciento de los entrevistados afirma haber sido objeto de algún tipo de compra del voto.
Con respecto a la coacción, el Estado de México ocupa el cuarto lugar de los 22 estados estudiados, sólo por debajo de Chiapas, Oaxaca y Sinaloa. El 16.7 por ciento de los entrevistados en el Estado de México dijo haber sido coaccionado o amenazado.
De acuerdo con el mismo estudio, en ambos casos, los programas estatales en general son los que muestran una mayor tendencia en su utilización para coaccionar a la ciudadanía, en casi una proporción al doble de los programas Federales.
De la suma de las dos prácticas se obtiene que el 44.7 por ciento de los encuestados fue objeto de alguna de las dos prácticas limitativas de la libertad de voto.
De acuerdo con el diagnóstico estatal del IFE este fenómeno no sólo incide en las libertades ciudadanas, sino que además influyen en los niveles de participación y distorsiona la relación entre gobernantes y gobernados.
En las elecciones de 2009, Alianza Cívica realizó un estudio similar denominado Monitoreo ciudadano sobre clientelismo, compra y coacción del voto. Elección Intermedia 2009, en 10 estados de la República.
Los resultados son muy semejantes a los de la elección de 2006, en lo relativo a la utilización de mecanismos como la compra y coacción del voto.
Es de destacar que “los tres distritos con mayor cantidad de ciudadanos víctimas de compra y coacción del voto se ubican en el Estado de México: Valle de Chalco Solidaridad, con más de la mitad de la ciudadanía (57 por ciento), Toluca con 42 por ciento y Ecatepec con 38 por ciento”.
De acuerdo a los diagnósticos distritales, es reportado el mismo fenómeno en los distritos 5, con cabecera en Teotihuacán; 13, con cabecera en Ecatepec de Morelos; 22, con cabecera en Naucalpan de Juárez; 23, con cabecera en Valle de Bravo; 24, con cabecera en Naucalpan de Juárez; 25, con cabecera en Chimalhuacán; 26, con cabecera en Toluca, 28, con cabecera en Zumpango; 30 y 31 con cabecera en Nezahualcóyotl; 32, con cabecera en Valle de Chalco Solidaridad y 33, con cabecera en Chalco de Díaz Covarrubias. Es decir, el fenómeno es reportado en 12 de los 40 distritos electorales federales.
El fenómeno se manifiesta a través del establecimiento de “relaciones clientelares, entendidas éstas como el establecimiento de relaciones de dependencia recíproca entre dos actores, individuos o grupos que disponen de diferentes recursos que utilizan para favorecerse mutuamente”. Las prácticas más frecuentes fueron la de pedir la credencial electoral para condicionar al ciudadano a votar por un partido (18 por ciento) y que pasarán por los ciudadanos el día de la elección para llevarlos a votar (7.2 por ciento).
Para las elecciones concurrentes de 2012, Alianza Cívica observó la calidad de la jornada electoral, en 21 estados y nuevamente el Estado de México resultó ser uno de los estados donde se presentan las mayores irregularidades.
En 21 por ciento de las casillas existen reportes de violación al voto secreto. De este 21 por ciento se observó que la principal irregularidad fue la utilización de niños acompañando a votar a diferentes ciudadanos, en diferentes ocasiones -los llamados halconcitos- en el Estado de México, Chihuahua, Sinaloa y Jalisco. Había personas con listas de votantes que iban palomeando (diferentes a la lista nominal de electores) o bien había personas hablando en la fila o antes de que llegaran con los ciudadanos, haciendo alguna forma de presión. La presión fue a favor del PRI-PVEM en un 71 por ciento, 17 por ciento a favor del PAN, 9 a favor del PRD y 3 a favor del Panal.
El 28.4 por ciento de los ciudadanos encuestados estuvieron expuestos al menos a una práctica de compra y coacción del voto en la jornada del 1 de julio del 2012.
En el 14 por ciento de las casillas observadas en todos los estados, se presentó el fenómeno del acarreo.
Si estos datos los relacionamos con los resultados de los estudios citados por el IFE, realizados para las elecciones de 2006 y 2009, podemos concluir que el fenómeno de la compra y coacción de voto es un problema consistente en el territorio del Estado de México y ha aumentado en los últimos procesos electorales federales, lo que influye en la cultura política de los mexiquenses, sostuvo el PRD estatal.
De acuerdo con Alianza Cívica la compra y coacción del voto se debe principalmente a los siguientes factores:
a) El excesivo financiamiento público que ejercen los partidos políticos.
b) La desigualdad social, de acuerdo con la medición de la pobreza realizada por el CONEVAL 2010, en nuestra nación existen 52 millones de pobres, es decir casi la mitad de la población. En pobreza extrema se encuentran 11.7 millones de personas, lo que representa el 10.4 por ciento de la población.
c) La opacidad en el manejo de los gobiernos (federal, estatal y municipal).
d) La falta de rendición de cuentas por parte de los funcionarios electos hacia la ciudadanía sobre su gestión.
e) La falta de campañas de educación cívica que promuevan el ejercicio libre de los derechos políticos electorales, puesto que el ciudadano depende o cree depender de permisos, licencias, programas sociales y demás concesiones.
f) No existen sanciones a quienes violan la normatividad electoral, lo cual ha generado impunidad.
g) La violación a los topes de campaña, no es causal de nulidad a la elección. Por lo que los partidos pueden violentar la normatividad pues no pierden el cargo, si acaso se hacen acreedores a multas.
Cabe mencionar que para las elecciones locales organizadas por el IEEM no se encontró algún registro de algún estudio similar sobre la compra y coacción del voto en el proceso electoral 2010-2011 que este nuestro período de estudio. Sin embargo el hecho que no se realice observación electoral enfocada en este tema no quiere decir que el fenómeno no ocurra a nivel local. De hecho es importante realizar este tipo de estudios para diagnosticar el nivel de incidencia de este problema y poder atenderlo.