Olvidan a 7 mazahuas en la cárcel; esperan sentencia

TOLUCA, Edomex., 2 de diciembre de 2013.- Por falta de pruebas no han sido sentenciados los siete indígenas mazahuas, oriundos de la comunidad San Antonio de la Laguna, municipio de Donato Guerra, detenidos el 19 de abril de 2010 y recluidos en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, por el presunto delito de portación de arma, cartuchos y posesión de droga. De los nueve policías que los detuvieron y acusaron en su momento, sólo cuatro declararon al inicio del proceso penal, porque el resto ya no pertenece a la corporación policíaca federal, actualmente, sólo dos mantienen los señalamientos ya que el resto de los elementos tiene un estatus de no localizable.

“Para que se les pueda dictar sentencia, sólo se está a la espera de la declaración de algunos testigos, pero sobre todo del testimonio de un elemento de la Policía Federal que no ha sido localizado; suponemos que no han hecho todo lo posible para encontrarlo o simplemente no lo quieren localizar”, dijo Cervando Martínez, abogado de cuatro de las siete personas recluidas. Los mexiquenses detenidos de entre 35 y 51 años de edad, durante los últimos dos años han estado a la espera de un careo con él o los policías federales que la madrugada de ese lunes los detuvieron y presentaron ante el Ministerio Público federal. Los acusados fueron identificados como Cirraco Flores Andrés, Federico Peña Victoria, Simón de Jesús Álvarez, Miguel Martínez de Jesús, Guillermo Peña Arzate, Simón Peña Flores e Higinio y Dionisio Flores Sebastián.

En un primer momento, los policías sostuvieron que la detención de los supuestos integrantes de una banda de la delincuencia organizada, se registró sobre un paraje ubicado a pie de carretera, muy cerca de la referida comunidad que está en Donato Guerra, sur del territorio del Estado de México.

Señalamiento que en pocos meses, la defensa jurídica de los detenidos logró desvirtuar cuando demostró al juez que la detención fue realizada de forma ilegal, ya que los policías no los aseguraron en la vía pública o paraje referido y, por el contrario, ingresaron a sus domicilios, cometieron destrozos y todas sus acciones se realizaron sin ninguna orden judicial de cateo. “Logramos comprobar al juez que el aseguramiento fue realizado en varias viviendas del pueblo, donde ingresaron de forma ilegal y se cometieron destrozos e incluso hasta robos por parte de los elementos de la Policía Federal”, dijo el abogado.

De acuerdo a la averiguación, en un primer momento la autoridad federal, intentó imputar el delito de delincuencia organizada a los 14 detenidos, pero conforme fueron avanzando los meses y años, sólo se sostiene la imputación de portación de arma de fuego, cartuchos y droga. Acusaciones que se han sostenido con el dicho de los policías, de acuerdo a la defensa jurídica de los detenidos de origen mazahua, aunque la autoridad federal que se constituyó como la parte acusadora, a casi cuatro años de registrarse la detención, no ha podido ratificar sus dichos porque no puede localizar a sus elementos, subrayó el defensor.

«En las audiencias aceptaron que la detención se registró en el marco de un operativo al interior del pueblo -San Antonio de la Laguna-, donde participaron más de un centenar de policías. Fue así como los detuvieron y los relacionaron con una organización delictiva -Los Zetas-. Los detenidos no tienen antecedentes penales y comprobaron que su actividad laboral es la artesanía y el trabajo de campo”, detalló Martínez. De acuerdo a informes de familiares de los detenidos, uno de los ocho procesados que permanecía en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, a principios del presente año, perdió la vida pues su padecimiento de diabetes no fue atendido con oportunidad, pese a que había un señalamiento muy preciso por parte de autoridades judiciales, para otorgarle todas las facilidades que le permitieran atender su enfermedad.

“Hemos charlado con el juez y le hemos indicado que ya pasó mucho tiempo desde que se registró la detención y que los policías no aparecen… no hemos obtenido respuesta”, dijo el abogado Cervando Martínez.