Plan b el juego de la muerte

El 29 de diciembre pasado un comando fuertemente armado llegó a una zona habitacional del Estado de México. Entró forzadamente en una casa, sus integrantes se identificaron como policías federales, preguntaron por la reportera Anabel Hernández. Era un error, no era la casa de ella. Irrumpieron en otros dos hogares, ahora identificándose como miembros del cártel de Los Zetas; otro error que dejó aterrorizados a los vecinos.

Por fin, entraron ilegalmente en casa de la autora de los libros Los señores del narco y México en llamas, de la primera periodista que investigó a fondo a Genaro García Luna cuando éste era el policía de la nación. Entraron a su habitación, esculcaron cajones, abrieron su joyero y no robaron ni un alfiler. Hurgaron por doquier. Ella y sus hijos no estaban en casa; se llevaron secuestrado al escolta de Anabel que estaba esperándola. El comando se fue, no sin antes arrancar las cámaras de vigilancia. Un vecino llamó a la periodista, ella a su vez llamó al número de emergencia de la Secretaría de Gobernación que maneja el Mecanismo de Protección a Periodistas. La respuesta fue lenta e inútil. Afortunadamente Anabel está en lugar seguro con su familia. Todas las amenazas que ella y su entorno han recibido en los últimos años estuvieron a punto de hacerse efectivas.

Regina dijo hace tiempo que unos sujetos la habían seguido camino a casa. La autoridad aseguró que eso no era un incidente importante. Luego comentó a varias reporteras que tenía miedo, los reportajes que llevaba a cabo en Veracruz la ponían en peligro y había recibido amenazas veladas, pero la autoridad dijo que no había peligro. La asesinaron en su casa, entonces la autoridad aseguró que el periodismo es una actividad peligrosa.

Más de 60 colegas periodistas han tenido que salir corriendo de casa, con lo puesto, protegidos por organizaciones civiles y colegas; la autoridad dijo que no corrían peligro, los “incidentes” no perfilaban riesgo inminente. La PGR repitió 60 veces que quien amenaza no asesina. Pero se equivocó, porque las amenazas son parte del rito de tortura psicológica, las amenazas constituyen la ceremonia de poder y sufrimiento que los criminales, los políticos corruptos resentidos y poderosos, desean hacer sentir a su víctima. Después viene la muerte. Tras la muerte, el llanto, las llamadas desgarradas de solidaridad, testimonios de testigos que aseguran que esa muerte pudo prevenirse. Con la muerte anunciada de cada periodista viene el pésame presidencial. ¿Y los responsables directos e indirectos?

Una y otra vez hemos visto cómo comandos armados entran en casas de periodistas en México, les arrebatan la vida frente a sus parejas, frente a sus hijos e hijas para luego matarles también. La venganza de quienes han querido ocultar la verdad no tiene límites cuando  se trata de castigar a periodistas.

La venganza llega siempre armada, de la mano de la impunidad, escudada en las declaraciones de funcionarios públicos como Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), quien se ha negado a recibir a familiares de desaparecidos y a víctimas de violencia extrema. La funcionaria ha condicionado a varias víctimas a ser recibidas siempre y cuando no hablen y “no hagan mitote” —como si denunciar amenazas para salvar la propia vida fuera “hacer mitote”—. También los asesinos de periodistas se ocultan cómodamente detrás de las necias declaraciones y las paquidérmicas acciones de Juan Carlos Gutiérrez, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) y coordinador ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Para ellos ninguna amenaza es grave, hasta que llega la muerte. Su responsabilidad, por la que devengan un jugoso salario, es proteger la vida de quienes dan servicio a la sociedad a través del periodismo y el activismo, así lo marca la ley. No cumplirla es negligencia criminal.

Anabel sigue con nosotras; afortunadamente está bien, lo mismo que sus pequeños. Pero no podemos olvidar que desde septiembre 2013 la junta de gobierno del Mecanismo a cargo de Juan Carlos Gutiérrez debía haber sesionado para evaluar el peligro que corre la vida de Anabel; sin embargo han pospuesto la evaluación hasta hoy. Lía Limón ha dicho a embajadores de diversos países —quienes exigieron que se proteja la vida de la periodista— que no existen incidentes documentados, a pesar de que la PGR cuenta con todas las denuncias y evidencias de las amenazas que la periodista ha sufrido.

Comienza 2014 con el escolta de Anabel secuestrado, sus vecinos aterrorizados, ella en gran peligro. No está sola, pero eso no basta.