Secretario de la Defensa Nacional guarda silencio sobre caso Tlatlaya

TOLUCA, México, 6 de febrero de 2015.- El General de División Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, guardó silenció al ser cuestionado sobre el proceso jurídico que se realiza contra los militares de la XXII zona militar que enfrentan acusaciones de homicidio por los hechos registrados el pasado 30 de junio del año en la comunidad de San Pedro Limón municipio mexiquense de Tlatlaya, donde de acuerdo a las investigaciones de la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) un grupo de militares, sin justificación alguna, accionó sus armas contra por lo menos 15 personas de 22 que perdieron la vida al interior de una bodega.

¿Qué avances se tienen sobre el caso Tlatlaya? se le preguntó al término de su visita a la zona centro de la ciudad donde se inauguró la exposición “Fuerzas Armadas… pasión por servir a México”.

Ante dicho cuestionamiento su respuesta fue levantar su mano derecha a manera de saludo, dirigirse a la camioneta que era conducida por el gobernador Eruviel Ávila Villegas, colocarse en el asiento del copiloto y cerrar la puerta, señal que permitió al mandatario mexiquense pisar el acelerador de la unidad para retirarse de la calle contigua al Teatro Morelos, donde se realiza parte de la exposición.

Es de destacar que a raíz de la Recomendación 51/2014 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un oficial y siete elementos de tropa del Ejército mexicano, fueron puestos a disposición del Juzgado Sexto Militar e internados en el Campo Militar Número 1 (Distrito Federal), donde se les investiga por su probable participación en el homicidio de 15 de las 22 personas, en el municipio de Tlatlaya, ubicado en la zona sur del territorio mexiquense.

“Aun cuando esta Dependencia del Ejecutivo Federal no comparte algunos de los señalamientos contenidos en dicha recomendación, ha tomado la determinación de aceptarla por el especial interés de coadyuvar a esclarecer los hechos y en el caso de que algún militar haya incurrido en conductas contrarias a la ley, a las virtudes militares y a nuestra vocación de servicio, sea sancionado conforme a derecho. Al mismo tiempo se velará para que todo militar que por el ejercicio de sus funciones enfrente una investigación penal, tenga un trato digno y un juicio justo, agotando todas las instancias, respetando en todo momento sus garantías constitucionales”, precisa el comunicado de la SEDENA emitido el 6 de noviembre del 2014 donde se aceptó la recomendación de la CNDH.