Asume Contraloría funciones de transparencia por extinción del Infoem
TOLUCA, Edomex., 21 de octubre de 2026.- El Congreso del Estado de México (EMX) aprobó que la Contraloría del Poder Legislativo se convierta en la nueva autoridad garante en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
La medida busca asegurar que la ciudadanía pueda seguir solicitando y recibiendo información parlamentaria sin contratiempos, derivado de la reforma que dictó la desaparición del Instituto de Transparencia del Estado de México y Municipios (Infoem).
Como parte de esta reestructuración, impulsada por el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el Pleno autorizó la creación de la Dirección de Transparencia y Protección de Datos Personales, un área que operará bajo el mando de la Contraloría para brindarle apoyo técnico y jurídico.
En qué consiste
La iniciativa, expuesta por el grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), da cumplimiento a la reforma estatal que en agosto de este año eliminó al Infoem para crear el órgano desconcentrado 'Transparencia Mexiquense', obligando al Congreso a asumir internamente la responsabilidad de garantizar el derecho a la información sobre sus actividades.
De acuerdo con el decreto, las nuevas reglas de operación obligan a todas las áreas del Poder Legislativo —incluyendo a la Jucopo, la Directiva, comisiones, grupos parlamentarios y el Órgano Superior de Fiscalización— a privilegiar el principio de máxima publicidad.
Responsabilidad absoluta de la información
Es decir que, a partir de ahora, los servidores públicos serán responsables directos de la información que administren, la cual deberá estar disponible para consulta mediante vías ágiles y sencillas, exceptuando únicamente los datos clasificados por ley como reservados o confidenciales.
El documento aprobado también actualiza al Comité de Transparencia del Poder Legislativo y establece reglas claras para que los ciudadanos puedan impugnar en caso de que se les niegue información.
Para garantizar su cumplimiento, el nuevo reglamento incorpora sanciones y medidas de apremio contra aquellos funcionarios que obstaculicen el acceso a los documentos públicos.
