Brotes, no epidemia:
precisión sanitaria frente al ruido político
En salud pública, las palabras importan. No es lo mismo hablar de “epidemia” que de “brotes”. La diferencia no es semántica ni retórica: es técnica, operativa y ética. México enfrenta brotes de sarampión que están siendo identificados, contenidos y controlados mediante vigilancia epidemiológica, vacunación focalizada y despliegues extraordinarios. Convertir este escenario en una narrativa de colapso sanitario puede rendir dividendos políticos de corto plazo, pero no ayuda a proteger a la población.
Las recientes declaraciones del Partido Acción Nacional (PAN) apuntan en otra dirección. Se ha afirmado que “el regreso del sarampión no es casualidad y no es un accidente: es culpa de Morena”, se han denunciado presuntos sobreprecios en compras de vacunas del ISSSTE y se ha sostenido que existe una cifra de 28 fallecimientos atribuibles al brote. Tales señalamientos merecen una respuesta seria, sustentada en datos verificables y en el funcionamiento real del sistema de salud.
Primero, la caracterización del evento. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que requiere coberturas de vacunación cercanas al 95% para asegurar inmunidad comunitaria. Cuando se detectan conglomerados de casos en territorios específicos, la respuesta estándar consiste en cercos vacunales, rastreo de contactos, reforzamiento del esquema y comunicación de riesgo. Eso es exactamente lo que se ha ejecutado: una estrategia focalizada ante brotes, no un manejo de emergencia nacional por epidemia generalizada.
Segundo, la “guerra de cifras”. La Secretaría de Salud ha confirmado oficialmente un deceso asociado al sarampión: una bebé de 14 meses en la Ciudad de México, ocurrido en diciembre de 2025. Cada muerte es dolorosa y obliga a revisar procesos, pero inflar números sin validación clínica ni dictamen epidemiológico introduce alarma social injustificada.
Tercero, las acusaciones de corrupción y sobreprecios. El ISSSTE precisó que no realiza compras discrecionales de biológicos. Las vacunas del esquema nacional se adquieren mediante compra consolidada centralizada por la Secretaría de Salud, y su ejecución logística corresponde a Birmex. Señalar irregularidades exige pruebas documentales completas y comparadores válidos.
Cuarto, el supuesto desmantelamiento del sistema de vacunación. México mantiene un programa de inmunización amplio, con miles de puntos de vacunación y disponibilidad anunciada de dosis para aplicación inmediata. La discusión legítima debería centrarse en cómo acelerar coberturas en grupos rezagados y reducir brechas territoriales.
Quinto, la dimensión local. En la Ciudad de México se han reforzado brigadas, horarios extendidos y módulos itinerantes. Si existen unidades con alta demanda temporal, la solución es logística, no la descalificación genérica.
La respuesta del Gobierno de México ha sido institucional: desmentir técnicamente imputaciones sin sustento, transparentar datos confirmados y desplegar una fuerza masiva de vacunación. Nada de lo anterior implica triunfalismo. La salud pública exige autocrítica permanente.
México enfrenta brotes que se están controlando. La prioridad debe ser técnica y sanitaria: proteger a la población, especialmente a la infancia. En tiempos de ruido político, conviene recordar que la precisión salva más vidas que la estridencia.
