Cuestionan en San Lázaro manejo de recursos en Almoloya de Juárez
TOLUCA, Edomex., 23 de septiembre del 2026.- El alcalde de Almoloya de Juárez, Adolfo Solís Gómez, enfrenta nuevos cuestionamientos por presuntas irregularidades en su administración, luego de que habitantes del municipio acudieran a la Cámara de Diputados federal para exponer deficiencias en servicios públicos, posibles represalias contra trabajadores, señalamientos de discriminación y falta de transparencia en el manejo de recursos municipales.
Durante la conferencia realizada en San Lázaro, el maestro Diego Jiménez Arredondo sostuvo que el municipio enfrenta carencias en infraestructura, seguridad y servicios, pese a contar con un presupuesto anual cercano a los 800 millones de pesos. Ante ello, solicitó una revisión de las cuentas municipales para conocer el destino de los recursos.
Llegan los reclamos de almoloyajuarenses hasta San Lázaro
“Tenemos que saber en dónde está ese recurso, en dónde está el dinero, en qué se lo están gastando”, expresó.
Al respecto, la diputada Marisela Zúñiga Cerón informó que presentaría un punto de acuerdo para solicitar la intervención de distintas autoridades ante los señalamientos formulados por los almoloyajuarenses. Entre los temas expuestos se encuentran presuntos despidos, amenazas y acoso laboral por motivos políticos; posibles actos de violencia y discriminación de género; condicionamiento de programas sociales; exclusión de comunidades originarias y deficiencias en pavimentación, alumbrado, agua potable, bacheo y drenaje.
En específico, el documento planteado en la Cámara de Diputados contempla solicitar a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno atender las quejas relacionadas con servidores públicos municipales; a la Secretaría de Bienestar revisar los señalamientos sobre la supuesta suspensión de apoyos sociales; y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) atender las denuncias por presuntos actos de discriminación. La legisladora también pidió que se garantice la seguridad de quienes acudieron a exponer las inconformidades.
Piden cuentas claras sobre el destino del presupuesto municipal
Los cuestionamientos llegan después de otras controversias registradas durante el actual gobierno municipal. En junio pasado, se difundió la denuncia por el presunto robo de aproximadamente 500 mil pesos de la Tesorería Municipal, cuyo manejo fue atribuido a funcionarios del Ayuntamiento, quienes habrían argumentado haber sido víctimas de una extorsión telefónica. El caso fue presentado como una denuncia y no como una responsabilidad acreditada contra el alcalde.
También en enero de este año se denunció una presunta agresión física y verbal contra el titular del Instituto Municipal de la Juventud, José Antonio Domínguez González, quien señaló como responsable a Iván Solís Gómez, hermano del presidente municipal. El funcionario afirmó que la agresión ocurrió después de acudir al festejo de cumpleaños del alcalde. Asimismo, en julio, habitantes cuestionaron retrasos y desperfectos en la obra del puente de Rancho Santa Fe, señalamiento que se sumó a las críticas por obras públicas inconclusas o con avances intermitentes.
A estos señalamientos se suma el antecedente de fiscalización del municipio: el OSFEM reportó 12 observaciones derivadas de una auditoría de desempeño correspondiente a la Cuenta Pública 2023 y otras 12 en una auditoría de legalidad, ambas todavía en proceso de atención al corte de febrero de 2025; estos ejercicios corresponden a un periodo anterior al actual gobierno municipal y no acreditan por sí mismos irregularidades de la administración de Solís.
El punto de acuerdo presentado en San Lázaro coloca ahora bajo escrutinio federal las denuncias planteadas por habitantes del municipio del valle de Toluca, mientras corresponde a las autoridades competentes determinar si existen responsabilidades. Los inconformes también reclamaron afectaciones a la movilidad por cierres de calles y pidieron que el gobierno municipal garantice el derecho al libre tránsito y a la participación ciudadana.
