Denuncian injusticia en caso de María Guadalupe Martínez, mujer otomí
TOLUCA, Edomex., 17 de octubre de 2025.- El caso de María Guadalupe Martínez, mujer otomí originaria del Estado de México (EMX), ha despertado indignación y solidaridad luego de que un tribunal confirmara una pena de 50 años de prisión por presunto secuestro. La palabra que más resuena entre sus defensores es injusticia, pues sostienen que su condena refleja las profundas fallas estructurales del sistema judicial mexicano hacia las mujeres indígenas.
Guadalupe, conocida entre sus allegados como Lupita, fue acusada por la actual pareja de su expareja —padre de sus dos hijos—, a pesar de que, según la defensa, no existen pruebas sólidas que acrediten su responsabilidad. “Yo soy inocente, me separan otra vez de mis hijos, y eso duele”, dijo entre lágrimas tras conocer la resolución en los juzgados de Almoloya de Juárez.
Señalan violaciones a derechos humanos en el proceso judicial
El expediente de María Guadalupe Martínez se ha convertido en un ejemplo alarmante de cómo el sistema judicial en México falla frente a las mujeres indígenas. Desde su detención, ocurrida el 4 de julio de 2022, la mujer no contó con un traductor de su lengua materna, el otomí, hasta el día en que fue dictada la sentencia.
Su abogada, Gabriela Amores, denunció que durante todo el proceso hubo violaciones graves a los derechos humanos, omisiones legales y una falta total de perspectiva intercultural. “No se respetaron sus garantías básicas. Solo hasta hoy tuvo por primera vez a una traductora que le explicara en su idioma los cargos y términos jurídicos”, declaró ante los medios.
Además, aseguró que el juez Víctor Martín Mejía Hernández, del Poder Judicial del Estado de México, omitió considerar pruebas de inocencia y desestimó los recursos presentados por la defensa. Mientras tanto, Guadalupe permanecerá en su domicilio con un brazalete electrónico, en espera de que su equipo legal interponga una apelación.
Aseguran que la mujer otomí fue víctima de represalias
El origen del caso parece estar ligado a una serie de denuncias interpuestas por la actual pareja de su excompañero sentimental, con quien Guadalupe mantuvo una relación de 12 años marcada por la violencia. Tras separarse, intentó solicitar una pensión alimenticia para sus dos hijos menores, pero poco después comenzaron las acusaciones en su contra por abuso sexual, tentativa de feminicidio y secuestro.
Aunque fue absuelta de los dos primeros cargos, el último derivó en la condena de 50 años. Su abogada sostiene que el proceso estuvo lleno de inconsistencias, y que el Ministerio Público Raúl Amauri Velázquez Jaimes actuó con parcialidad al ignorar las pruebas de descargo.
“Estamos frente a una mujer pobre, indígena y madre, a quien se le ha criminalizado por exigir justicia y manutención para sus hijos”, expresó Amores.
Familiares y organizaciones exigen revisión del caso
La defensa de María Guadalupe Martínez mantiene la esperanza en los recursos legales que podrían revertir la sentencia. Sus familiares, que cuidan de sus dos hijos con ayuda de los abuelos maternos, han pedido a las autoridades revisar el caso con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
“Queremos que el Poder Judicial del Estado de México demuestre que puede impartir justicia sin discriminación. No pedimos favores, pedimos que se respeten los derechos de una mujer otomí que ha sido vulnerada desde el primer día”, afirmó su abogada.
En redes sociales, diversas colectivas feministas e indígenas se han sumado a la exigencia bajo el lema #JusticiaParaLupita, pidiendo que se reconozca la injusticia judicial cometida y se investiguen las irregularidades procesales.
Piden justicia para María Guadalupe Martínez
A la espera de la apelación, Lupita continúa recluida en su hogar en el municipio de Temoaya, con un brazalete electrónico que limita su movilidad. “Solo quiero vivir en paz con mis hijos”, dijo recientemente.
Su historia no solo evidencia un caso individual, sino un reflejo del trato desigual que enfrentan las mujeres indígenas frente a los tribunales. Cada omisión, cada traducción negada y cada prueba ignorada son un recordatorio de que la justicia en México aún tiene deudas pendientes con quienes menos recursos tienen para defenderse.
El caso de María Guadalupe Martínez invita a reflexionar sobre el acceso a la justicia y la necesidad de erradicar la injusticia judicial que, como en su historia, convierte la vulnerabilidad en condena.
