El país que no cabe en una plaza
Las imágenes tienen la eficacia de un argumento instantáneo. Cientos de miles de personas ocupan calles y plazas para respaldar a la Presidenta. Los drones convierten la concentración en una coreografía monumental; las fotografías se vuelven virales; los organizadores celebran el músculo político. Pero debajo de la euforia persiste una pregunta que México lleva décadas aplazando: ¿puede medirse la fortaleza de una democracia por la capacidad de llenar una plaza?
La respuesta, aunque incomode al poder y a sus partidarios, es no.
Las movilizaciones multitudinarias en respaldo del poder no nacieron con la llamada Cuarta Transformación. Pertenecen a una tradición persistente del presidencialismo mexicano: el modelo corporativo del siglo XX, cuando sindicatos, organizaciones campesinas, burocracias y estructuras territoriales fueron incorporados a un sistema cuya columna vertebral no era la ciudadanía, sino la lealtad al Presidente.
México consiguió crecimiento y estabilidad, pero consolidó una cultura pública en la que la proximidad al poder valía más que la autonomía ciudadana. El sector organizado desplazó al ciudadano; la disciplina, a la crítica; la movilización, a la deliberación. Cambiaron los partidos, los discursos y las consignas, pero la lógica sobrevivió.
Todavía hoy, parte de la clase política trata a la multitud como prueba irrefutable de respaldo: como si los metros cuadrados ocupados compensaran la fragilidad institucional o acudir a un acto equivaliera a ejercer ciudadanía. La historia desmiente esa equivalencia.
Las plazas llenas han acompañado a gobiernos democráticos y autoritarios, proyectos progresistas y conservadores, reformistas y caudillos. La multitud impresiona, pero no absuelve: es una fuerza visible y moralmente neutral. Puede exhibir poder; jamás puede demostrar razón.
Por eso el debate no debería centrarse en cuántas personas acudieron a una movilización, sino en algo mucho más importante: la calidad de la relación entre los ciudadanos y el poder.
Cuando una sociedad mide el éxito político por la capacidad de movilizar contingentes, corre el riesgo de regresar a la cultura clientelar: la lealtad vale más que la autonomía, la obediencia se disfraza de participación y la cercanía con el gobernante sustituye a la responsabilidad cívica.
Una multitud no siempre es ciudadanía. La ciudadanía exige información, criterio, responsabilidad y el valor de cuestionar incluso a los líderes con quienes se simpatiza. La democracia empieza donde termina la obediencia automática.
El ciudadano no existe para defender al gobernante; el gobernante existe para servir al ciudadano. La diferencia parece obvia, pero la política mexicana lleva generaciones olvidándola.
Durante décadas, millones aprendieron a depender del poder para resolver sus necesidades, mientras el poder dependía de ellos para demostrar fortaleza. El intercambio fue eficaz para las élites y devastador para la ciudadanía.
De ese modelo provienen problemas todavía reconocibles: fragilidad institucional, culto a la personalidad, polarización, confusión entre gobierno y Estado, y la costumbre de tratar la crítica como agresión. El acarreo llena calles; solo la convicción construye una nación.
La popularidad presidencial domina buena parte de la conversación pública. Pero ninguna democracia se fortalece cuando los ciudadanos dejan de evaluar resultados y administran emociones, ni cuando las instituciones dependen del prestigio de una sola persona. Los gobernantes pasan; las instituciones deben permanecer.
Por eso la discusión de fondo no es Claudia Sheinbaum. Tampoco fue Andrés Manuel López Obrador ni lo fueron los Presidentes que les precedieron. El problema es más profundo que cualquier nombre propio. Se trata de una cultura política que sigue buscando salvadores cuando debería estar formando ciudadanos.
También existe una advertencia que ninguna fuerza política debería ignorar: el voto silencioso. Quienes no acuden a concentraciones ni manifiestan públicamente su respaldo pueden ser más numerosos que quienes ocupan las plazas. Su silencio no equivale a indiferencia: en las urnas pueden evaluar, sancionar una gestión o abrir paso a un cambio. La plaza hace visible una adhesión; el voto silencioso puede revelar a la mayoría.
Lo verdaderamente transformador no es congregar a cientos de miles para respaldar al poder, sino formar millones de ciudadanos capaces de exigirle cuentas. El ciudadano pregunta, fiscaliza y reclama resultados; el cliente político agradece, aplaude y espera recompensas. La lealtad moviliza una plaza; la ciudadanía transforma un país.
México necesita dejar atrás la plaza como instrumento permanente de legitimación: menos demostraciones de fuerza y más pruebas de eficacia; menos propaganda emocional y más ciudadanía informada; menos seguidores y más individuos libres.
La transformación pendiente
La verdadera transformación no llegará cuando una plaza sea más grande que la anterior, sino cuando ningún gobernante necesite llenarla para probar su legitimidad y el poder mida su éxito por la calidad de las instituciones y la libertad de los ciudadanos.
Las multitudes pueden sostener un gobierno; solo los ciudadanos pueden sostener una República. México habrá dado su paso democrático decisivo cuando entienda que el poder de una plaza termina donde comienza la libertad de las urnas.
Porque una plaza puede llenar una fotografía. Pero solo una ciudadanía libre puede llenar de futuro a un país.
