El transporte público en el Estado de México: un reto impostergable de la 4T
El transporte público en el Estado de México (EMX) es, desde hace décadas, un símbolo de lo que no debe ser un servicio público: caótico, inseguro, caro, ineficiente y dominado por mafias. Para millones de usuarios, subirse a una combi o a un autobús en el Edomex no es un acto cotidiano, sino una experiencia de riesgo: asaltos diarios, unidades destartaladas, operadores sin capacitación y tarifas que no corresponden a la calidad del servicio. La movilidad mexiquense es un espejo de la desigualdad social.
El poder de los grupos concesionarios, disfrazados de “organizaciones de transportistas”, ha convertido la movilidad en un negocio privado con ganancias millonarias y costos sociales incalculables. Son verdaderos cárteles del transporte que se reproducen al amparo de la corrupción política. Los Gobernadores priistas, alcaldes y secretarios de movilidad toleraron, e incluso pactaron, con estos grupos a cambio de votos, recursos y control territorial.
La consecuencia es brutal: las rutas se otorgan discrecionalmente, las unidades circulan sin cumplir normas de seguridad, y los usuarios pagan tarifas abusivas para recibir un servicio indigno.
La Cuarta Transformación tiene la responsabilidad histórica de romper este ciclo. No basta con discursos de austeridad o programas aislados de transporte masivo: el Estado mexicano debe recuperar la rectoría en materia de movilidad. Eso implica asumir que el transporte no es un favor de particulares, sino un derecho social que debe garantizarse con calidad, seguridad y tarifas justas.
Como ocurre en la Ciudad de México, el modelo de transporte público debe ser planeado, regulado y operado bajo la conducción estatal, no entregado a intereses particulares. El reto de la 4T en el Estado de México (EMX) es lograr lo que ningún gobierno priista se atrevió: confrontar a los concesionarios y terminar con décadas de corrupción en el sector.
La dignidad del transporte no se mide sólo en kilómetros recorridos, sino en la calidad de vida de los usuarios. ¿Por qué un trabajador mexiquense debe pagar más del doble que un capitalino para viajar en condiciones mucho peores? La desigualdad tarifaria entre la CDMX y el Edomex es también una forma de exclusión.
Un transporte digno significa unidades modernas, conductores capacitados, rutas seguras y accesibles para todos. Pero también implica tarifas razonables, subsidiadas cuando sea necesario, porque el transporte no puede seguir siendo un castigo para los más pobres. La movilidad es la columna vertebral de la vida urbana. Si el gobierno de la 4T no logra transformar el transporte público en el Estado de México (EMX), habrá fracasado en uno de los temas más sensibles para millones de ciudadanos. No se trata sólo de construir más líneas de Mexibús o extender el Tren Suburbano; se trata de desmontar un sistema mafioso que roba a los usuarios, corrompe a las instituciones y reproduce desigualdad.
El transporte público es un termómetro de la justicia social. Si la 4T quiere pasar a la historia como un proyecto de transformación real, deberá empezar por garantizar algo tan básico como llegar al trabajo o a la escuela con seguridad, dignidad y un precio justo.
