Hacia un efectivo Estado Constitucional Democrático
El presente análisis se enfoca en el periodo 2018-2024 para examinar los avances y desafíos del Estado mexicano en la construcción de un modelo constitucional democrático efectivo. La investigación se centra en dos ejes cruciales: el combate a la desigualdad y la gestión de la soberanía nacional frente a las presiones geopolíticas. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirman una significativa reducción de la pobreza y la pobreza extrema entre 2018 y 2024, atribuible a una mejora en el ingreso de los hogares y una disminución de las carencias sociales. Sin embargo, se tiene un gran reto en materia de acceso a los servicios de salud, educación y la persistente informalidad laboral emergen como un desafío estructural que limita la sostenibilidad de estos logros. En el ámbito de la política exterior, el Gobierno ha navegado las presiones de la administración de Donald Trump con una estrategia de pragmatismo y cooperación ambivalente, priorizando la estabilidad económica y la seguridad fronteriza. Finalmente, se concluye que la diversificación comercial, un imperativo para la soberanía nacional, enfrenta obstáculos profundos que reflejan los retos internos de competitividad. Un Estado Constitucional Democrático efectivo debe abordar estos problemas de manera holística, vinculando la justicia social con la autonomía económica.
Introducción: la igualdad como fin del Estado
La legitimidad del Estado en el siglo XXI ya no se mide únicamente por su estructura formal o por el respeto al principio de legalidad, sino por su capacidad para generar bienestar y reducir las brechas de desigualdad. En este contexto, la noción de "Estado Constitucional Democrático" evoluciona de un simple marco jurídico a un modelo dinámico cuyo propósito fundamental es la consecución de la justicia social. Este concepto, a diferencia del Estado liberal clásico, que se enfocaba en garantizar libertades negativas y la no intervención del Estado , asume su rol como un agente activo en la redistribución de la riqueza. Así, a través de políticas fiscales y sociales, el Estado social o Estado de bienestar busca garantizar a todos los ciudadanos el acceso a servicios básicos como salud, educación y seguridad social.
A diferencia del enfoque legalista del siglo XIX, donde la supremacía de la ley a menudo conducía a una aplicación arbitraria en detrimento de los derechos fundamentales, el Estado Constitucional eleva a la Constitución como la norma suprema que tiene como objetivo central la protección y garantía de los derechos humanos. Desde esta perspectiva, la pobreza y las carencias sociales son consideradas una violación a los derechos humanos fundamentales, lo que convierte su combate de una opción política a una obligación jurídica del gobierno.
Este artículo se centra en un análisis del periodo 2018-2024 para evaluar el desempeño del Estado mexicano en su misión de disminuir la desigualdad y la pobreza, así como su respuesta a las presiones geopolíticas de su principal socio comercial, Estados Unidos.
I. El combate a la pobreza en México (2018-2024): avances y desafíos
1.1. Resultados cuantitativos en la reducción de la pobreza
En el periodo 2018-2024, el Estado mexicano ha logrado avances significativos en la reducción de la pobreza multidimensional, un concepto que integra el bienestar económico y las carencias sociales. Según los datos del INEGI, entre 2022 y 2024, la población en situación de pobreza multidimensional disminuyó en 8.3 millones de personas, pasando de 46.8 a 38.5 millones. De manera específica, la población en pobreza extrema se redujo de 9.1 a 7.0 millones de personas en el mismo periodo. Esto representa una disminución de 6.8 puntos porcentuales en la pobreza multidimensional, ubicándose en 29.6 por ciento de la población nacional en 2024.
1.2. Factores contribuyentes a la disminución
La reducción de la pobreza puede atribuirse a una combinación de factores económicos y políticas públicas implementadas. El aumento del ingreso promedio per cápita y el mejoramiento del mercado laboral jugaron un papel clave. Durante el periodo 2018-2024, el número de personas ocupadas formalmente en México aumentó en 23.5 por ciento. A nivel de política pública, el incremento del 110 por ciento en términos reales del salario mínimo fue una de las políticas más destacadas, impactando directamente el poder adquisitivo de los trabajadores de bajos ingresos. Estos factores, sumados a programas sociales y apoyos directos a productores agropecuarios y pescadores, contribuyeron a que casi 13.4millones de personas salieran de la pobreza entre 2018 y 2024.
1.3. El desafío de la informalidad laboral
A pesar de los avances, la informalidad laboral persiste como un desafío estructural que limita la consolidación de un Estado social efectivo. Este problema es multidimensional y, aunque se ha visto un aumento en los niveles de formalidad, sigue siendo un punto central de la agenda pública. Los críticos argumentan que, si bien los programas sociales alivian la pobreza, no abordan los problemas de fondo que la causan, como la falta de empleos productivos. La preocupación radica en que estos programas, al no estar plenamente vinculados a la inserción en el mercado formal, pueden contribuir a que una porción de la población no tenga un incentivo para buscar empleos con seguridad social y prestaciones. Esta situación, sin una reforma fiscal y de seguridad social, puede perpetuar una dependencia a largo plazo y condenar a una parte de la sociedad a una pobreza que, aunque no sea extrema, la mantenga al margen de los beneficios de la economía formal.
II. Soberanía y geopolítica: la defensa del Estado Mexicano
Un Estado Constitucional Democrático no solo debe garantizar la justicia social interna, sino también ser capaz de actuar con soberanía en el escenario internacional. El periodo 2018-2024 ha sido un claro ejemplo de este desafío, con las presiones de la administración de Donald Trump en temas como aranceles, migración y seguridad.
2.1. Gestión de presiones y pragmáticas negociaciones
La respuesta del gobierno mexicano a las amenazas de Trump ha sido un ejercicio de pragmatismo calculado. En 2019, para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos, el gobierno acordó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera y la expansión del programa Quédate en México, aceptando la recepción de migrantes que esperaban la resolución de sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Esta concesión, si bien fue criticada, cumplió su objetivo inmediato de prevenir una crisis económica derivada de una guerra comercial. De manera similar, en el tema de seguridad, se ha fortalecido la cooperación con las agencias de Estados Unidos en temas como el tráfico de opioides y la entrega de líderes criminales a la justicia estadounidense. Sin embargo, la postura oficial ha sido la de defender la soberanía, con la presidenta Sheinbaum negando la existencia de un acuerdo formal con la DEA, lo que refleja una estrategia de cooperación sin subordinación.
2.2. Diversificación comercial como imperativo de soberanía
La alta dependencia de México del mercado estadounidense se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional. El 83 por ciento de las exportaciones mexicanas en 2024 se dirigieron a EE. UU., lo que genera una vulnerabilidad significativa y reduce la autonomía de la política exterior del país. La diversificación comercial es una meta estratégica para contrarrestar esta dependencia, pero enfrenta desafíos profundos.
La falta de competitividad de la economía mexicana, a pesar de contar con una red de acuerdos comerciales mediante catorce tratados de libre comercio, con un total de 52 países, 30 acuerdos para la promoción recíproca de las inversiones con 31 países, impide una penetración efectiva en otros mercados. Además, la distancia geográfica a mercados como Asia o Europa y los altos costos logísticos limitan el atractivo de estas rutas. Para que la diversificación sea una realidad, el Estado mexicano debe asumir un rol proactivo, invirtiendo en infraestructura, simplificando los trámites administrativos y fomentando la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. Los sectores con mayor potencial exportable a otros mercados son el automotriz y el de equipos eléctricos . La diversificación no solo es una meta económica, sino un reflejo de los desafíos internos de México. La seguridad, la certeza jurídica y la eficiencia burocrática son requisitos fundamentales que, al ser fortalecidos, permitirán al país actuar con mayor soberanía en el escenario global .
Conclusiones y perspectivas a futuro
El periodo 2018-2024 marca un momento de redefinición para el Estado mexicano. Los datos del INEGI confirman que el Gobierno ha asumido su rol de garante de la justicia social, logrando avances significativos en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema. No obstante, la sostenibilidad de estos logros está en entredicho si no se resuelven problemas estructurales de fondo como la informalidad laboral, que impiden que los ciudadanos dejen de depender de los programas sociales para acceder a la seguridad social y a empleos dignos.
En la esfera internacional, el Estado mexicano ha demostrado una capacidad para gestionar las tensiones con su vecino del norte de manera pragmática, sorteando amenazas como los aranceles y la crisis migratoria sin sacrificar completamente su soberanía. Sin embargo, esta capacidad de respuesta es frágil. Para consolidar un efectivo Estado Constitucional Democrático, la agenda interna y externa deben articularse de manera integral. La reducción de la pobreza no puede ser solo una cuestión de transferencias; debe vincularse a la creación de empleos formales que ofrezcan seguridad y bienestar a largo plazo. De igual manera, la defensa de la soberanía no puede limitarse a negociaciones puntuales; debe cimentarse en una economía más competitiva y diversificada, capaz de reducir su vulnerabilidad y ampliar los horizontes comerciales de la nación.
