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MORELIA, Mich., 18 de enero de 2017.- Son Fausto Vallejo Figueroa y Salvador Jara Gurrero, los dos ex gobernadores del PRI en Michoacán contra quienes la Secretaría de Contraloría ha iniciado un proceso penal por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, desvío de recursos, abuso de atribuciones y fraude que habrían derivado en un daño al erario por tres mil 759 millones de pesos.
Información validada por Quadratín hace constar que Vallejo Figueroa y Jara Guerreo, junto con otros ocho ex servidores públicos, contra quienes también se interpusieron el martes denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Procuraduría General de la República, presuntamente incurrieron en manejos financieros poco claros en la Dirección de Pensiones Civiles, Secretaría de Finanzas, el Fondo de Aportaciones Múltiples y la Secretaría de Salud, durante el periodo 2012-2015.
Entre 2012-2015 en Michoacán gobernó el PRI, pero, en una situación extraordinaria, en ese periodo se conoció a tres gobernadores: el constitucionalmente electo, Fausto Vallejo Figueroa, cuyos problemas de salud le hicieron pedir licencia al Congreso, que entregó el cargo a Jesús Reyna García, a quien nombró interino.
Un par de meses después Vallejo regresaría para retomar el cargo, que en junio de 2014, durante la intervención federal en Michoacán, con Alfredo Castillo Cervantes al frente de la toma de decisiones, entregó definitivamente a Salvador Jara Guerrero, quien como sustituto concluyó el mandato, y entregó las cuentas finales de la administración al gobierno perredista de Aureoles Conejo en octubre de 2015, actualmente en funciones.
La titular de la Secretaría de Contraloría, Silvia Estrada Esquivel, informó que en los procesos de auditoría se identificaron desvíos financieros de las aportaciones de las cuotas de los trabajadores a la Dirección de Pensiones Civiles, por más de 92 millones de pesos entre 2014 y 2015; un daño al erario público en el Instituto de la Vivienda por poco más de mil 500 millones de pesos, y en el Fondo de Aportaciones Múltiples 2012-2015 se presume un daño al erario por 283 millones de pesos.
También se presumen desvío de recursos por 96 millones de pesos correspondientes al pago de Participaciones del Fondo General a los 113 municipios, lo que derivó en un daño superior a los 200 millones de pesos.
En el Sistema de Protección Social de Salud (Seguro Popular) el desvío detectado es por mil 500 millones de pesos, lo que, a decir de la funcionaria representa, en suma, un daño al erario estatal y federal por 3 mil 759 millones de pesos. Estrada Esquivel comprometió que no habrá impunidad, y que se aplicará la ley a quienes hayan incurrido en conductas ilícitas.