Generaciones heridas: los millennials y centennials a la calle
Las generaciones Y (millennial 1981-1996) y Z (centennial 1997-2012) crecen en una cartografía de deudas, alquileres y promesas rotas. Mientras las generaciones boomer (1946-1964) y X (1965-1980) tuvieron acceso a empleos formales, vivienda asequible y sistemas de protección social más sólidos, las y los jóvenes de hoy enfrentan un mercado laboral fragmentado y una estructura de bienestar en retroceso. Según los estudiosos del tema, las generaciones Y y Z han pasado más tiempo dependiendo de sus padres y alargando la adultez, la familia y la reproducción por la falta de recursos y oportunidades.
En México, más de la mitad del empleo continúa siendo informal; ello golpea con particular dureza a la juventud, que ocupa una gran proporción de puestos precarios y de baja remuneración. El acceso a una vivienda digna, ese sueño que para generaciones previas era alcanzable con salarios moderados, hoy se enfrenta a la realidad del costo desproporcionado. En ciudades como la Ciudad de México, el gasto en renta puede devorar más de la mitad del salario promedio de un trabajador joven, obligando a postergar la habitación propia, la maternidad o la estabilidad financiera. Esto empuja a los jóvenes a vivir en hogares compartidos, a migrar o a permanecer con sus familias por más tiempo.
A ello se suma la fragilidad de la seguridad social. Muchos jóvenes no cuentan con afiliación estable al IMSS o ISSSTE por trabajar en la informalidad o por contratos de outsourcing. La consecuencia no es solo una pensión menos sólida en el futuro, sino la ausencia de acceso regular a servicios de salud vinculados al empleo.
Las cifras de desempleo también señalan la desigualdad generacional. Los más jóvenes, entre 15 y 29 años, concentran una parte muy alta del desempleo, lo que refleja cómo la transición de la educación al empleo ha empeorado para amplios sectores. El costo social de esa falta de oportunidades es enorme: frustración, precariedad emocional y mayor vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia.
No se trata de una queja generacional por moda, sino de una exigencia de justicia intergeneracional. Si queremos sociedades cohesionadas, hay que intervenir donde se gesta la desigualdad, regular mercados laborales para reducir la informalidad, ampliar y modernizar la oferta de vivienda asequible, fortalecer la seguridad social y diseñar políticas públicas que reconozcan los ciclos de vida actuales de las nuevas generaciones, más largos, inestables y con más responsabilidades financieras. La salida a la calle de estas generaciones es legítima y abre la discusión sobre su futuro.
Ignorar este diagnóstico es firmar la sentencia de un país en el que sus jóvenes encuentran las oportunidades en el crimen organizado. Escuchar a los millennials y centennials, y responderles con políticas concretas, no solo es un deber moral, es una deuda social que debe ser pagada. No hacerlo a tiempo pone en riesgo el contrato social que sostiene a todos.
