IMSS-Bienestar en el Estado de México: un nuevo pacto por la salud del pueblo
El nacimiento de IMSS-Bienestar en el Estado de México (EMX) representa uno de los pasos más trascendentes en la historia contemporánea del sistema de salud nacional. Bajo la conducción del gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en plena coordinación con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Estado de México se incorpora de lleno a un modelo que reivindica el principio más elemental de justicia social: el derecho del pueblo a ser atendido con dignidad y sin costo.
Durante décadas, el sistema estatal de salud operó con rezagos administrativos, presupuestales y estructurales que se traducían en desigualdad. La llegada del IMSS-Bienestar no solo amplía la cobertura, sino que introduce una lógica de atención integral y equitativa, donde el Estado vuelve a ser garante directo de la salud de las familias mexiquenses.
El IMSS-Bienestar no es una institución nueva: es la evolución del antiguo programa IMSS-Coplamar creado en 1979, pero ahora fortalecido y con rango constitucional. Su espíritu es que ningún mexicano quede fuera del sistema por razones económicas o geográficas.
En el Estado de México (EMX), esta transformación implica un desafío monumental. Se están transfiriendo hospitales, clínicas y centros de salud al nuevo organismo, que tendrá la responsabilidad de contratar personal, adquirir insumos, gestionar infraestructura y garantizar atención médica gratuita y de calidad.
Para que el modelo IMSS-Bienestar cumpla con su misión, es imprescindible establecer con claridad las competencias entre la Secretaría de Salud del Estado de México y el nuevo organismo federal. Ambas instancias comparten objetivos comunes —proteger la salud, mejorar la atención, ampliar la cobertura—, pero sus funciones deben delimitarse con precisión para evitar duplicidades, vacíos o conflictos de gestión.
La Secretaría de Salud estatal debe conservar su papel rector en materia de planeación sanitaria local, prevención epidemiológica, regulación y vigilancia sanitaria, además de coordinar políticas públicas con los municipios. El IMSS-Bienestar, por su parte, debe concentrarse en operar los servicios médicos, contratar personal, distribuir medicamentos y mantener la infraestructura hospitalaria con base en estándares federales.
La claridad jurídica en esta distribución de competencias será el cimiento de un sistema eficiente, transparente y verdaderamente al servicio del pueblo.
El nuevo modelo sanitario es también un laboratorio de federalismo moderno. Lejos de los viejos esquemas centralistas o de la fragmentación que debilitó al sistema de salud durante años, el proyecto encabezado por la presidenta Sheinbaum propone un federalismo cooperativo, donde los niveles de gobierno suman capacidades y responsabilidades.
La gobernadora Delfina Gómez ha entendido esta visión con precisión política y sensibilidad social. Bajo su liderazgo, el Estado de México (EMX) se ha convertido en un territorio pionero en la aplicación del nuevo modelo, asegurando que los hospitales y clínicas estatales funcionen bajo reglas claras, con personal suficiente y con abasto continuo de medicamentos.
El IMSS-Bienestar no es un cambio administrativo; es una revolución silenciosa que está transformando la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Por primera vez en décadas, el derecho a la salud deja de depender del empleo formal o del poder adquisitivo, para convertirse en una realidad universal.
Miles de trabajadores de la salud en el Estado de México (EMX) han sido basificados, asegurando estabilidad laboral y dignificación profesional. Familias enteras en comunidades rurales ahora cuentan con servicios médicos antes impensables. Y todo esto bajo la guía de una convicción profunda: el Estado mexicano vuelve a cuidar a su pueblo.
La instauración del IMSS-Bienestar en el Estado de México (EMX) es una conquista del pueblo y un legado de la Cuarta Transformación. Su éxito dependerá, sin embargo, de la precisión institucional, la coordinación intergubernamental y el compromiso ético de quienes lo operan.
Como médico y servidor público, reconozco que este proceso requiere sensibilidad, disciplina y claridad normativa. Pero sobre todo, requiere una convicción firme: la salud no se administra, se garantiza.
