Seguridad estatal y municipal con convenios incumplidos desde 2008

Carlos Ramírez

En el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad de 2008, presidente de la república, gobernadores y alcaldes se comprometieron en un plazo de seis meses a dos años a limpiar sus cuerpos locales de seguridad, profesionalizar a su personal y abatir las cifras de delincuencia. Hoy la situación es peor.

Hubo entonces compromisos estrictos asumidos por las asociaciones de alcaldes: depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia, programa de procedimientos policiales, mejorar las condiciones de seguridad pública, programa para incorporar el componente social a la estrategia de seguridad, indicadores de evaluación y seguimiento y reasignación presupuestal para policías municipales.

Once años después, en 2019, el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, definió el Modelo nacional de policía y justicia cívica que se ha topado con el muro de resistencia de los intereses de gobernadores y alcaldes. El proyecto partió de una realidad; hacia 2018 la población mantenía un 48.2 por ciento de confianza en las policías municipales y 54.3 por ciento en las policías estatales.

La desconfianza en policías locales era parte del deteriorado ciclo de justicia local: de 33 millones de delitos, sólo se denunciaba el 10.4 por ciento, el 6.76 por ciento derivaba en investigaciones iniciadas y había un 0.4 por ciento de acusados a disposición del juez.

La seguridad y justicia a nivel local fue desdeñada en el pasado y en la actualidad son los gobernadores y alcaldes los que se resisten a profesionalizar sus cuerpos de seguridad y justicia. Por ello ocurren hecho como la complicidad de policías estatales y municipales con el crimen organizado, la poca capacitación para atender delitos más allá de los cívicos y abusos de uso de la fuerza ante manifestaciones sociales de protesta.

Hasta ahora, el nuevo modelo policial que involucra a cuerpos de los tres niveles de gobierno se ha centrado en supervisar el funcionamiento, pero sin pasar antes por la reordenación de los cuerpos de seguridad, la unificación de criterios legales, el equipamiento y, de manera principal, la capacitación de los policías para atender los diferentes grados de la inseguridad; los delitos que afectan al ciudadano y a sus propiedades, la violencia criminal, la impunidad, la baja confianza en la policía.

Las protestas sociales en Guadalajara y Ciudad de México que generaron respuestas agresivas y violentas de policías sin capacitación para enfrentar motines sociales improvisados o intencionales han vuelto a colocar a las fuerzas locales de seguridad en el ojo de la crisis de la seguridad. Los policías usan exceso de fuerza contra ciudadanos que protestan por asuntos sociales, pero se notan sumisas ante la penetración de bandas delictivas en comunidades sociales que debieran ser protegidas por los cuerpos locales de seguridad y justicia.

El modelo policial nacional que involucra a las policías estatales y municipales consta del dieciocho comisiones de control, capacitación, medición de resultados, evaluación, atención de delitos más conflictivos y hasta de salarios policiales, pero por falta de colaboración de gobernadores y alcaldes no se han podido aplicar con diligencia, rapidez y resultados. 

Una de las aportaciones del nuevo modelo policial ha sido cerrada a piedra y lodo por los propios policías: el desarrollo del modelo de consejero ciudadanos de la policía y de comités ciudadanos de seguridad, porque implicaría abrir las instituciones policiacas y de justicia a la supervisión y participación de los ciudadanos afectados por la inseguridad.

Si el nuevo modelo policial se aplicara en dos años, la calidad de la seguridad y justicia a nivel local impediría los abusos, cerraría las puertas a las bandas delictivas y elevaría la confianza ciudadana. Pero gobernadores, alcaldes y policías siguen  rechazando esa propuesta.

BC, sucesión

Como nada más pudo tener dos apretados años de gobierno, al mandatario estatal Jaime Bonilla le urge colocar a su delfín en posición ventajosa de salida para la elección del 2021, aun violando las reglas de equidad. Pero a su preferido Mario Jesús Escobedo Carignan se le tienen ya expedientes de irregularidades que lindan en la corrupción, tráfico de influencias, abuso de autoridad y hasta de soborno por parte de la gasera Blue Propane. Como es usual, datos han sido radicados ya en la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

Política para dummies: La política es la sensibilidad para atender los problemas sociales y no callarlos a toletazo limpio.

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