COYOTEPEC, Edomex, 25 de septiembre 2016.- Los Derechos Humanos quedarán como un gran pendiente en el quinto informe del gobernador Eruviel Ávila Villegas.

 

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), que tiene su sede en el estado de México, afirmó que al menos 27 municipios mexiquenses enfrentan conflictos por violaciones a los derechos humanos.

 

Aseguró que tales conflictos sociales tienen como origen la defensa de la tierra, el agua, los bosques, los derechos indígenas y el derecho al medio ambiente.

“La cifra aumenta al menos al doble si se considera la lucha magisterial contra la reforma educativa, es decir, el 43 por ciento de la entidad registra conflictividad social por la defensa de derechos humanos”, afirmó José Antonio Lara Duque, presidente del CDHZL.

 

El defensor social afirmó que Ávila Villegas seguramente omitirá dichos temas en su informe de gobierno, por lo que “lo invitamos a que dé a conocer, de manera pública, avances sobre estos graves atropellos a los ciudadanos mexiquenses”.

Dijo que el mandatario mexiquense debe hablar en su informe de la llamada “Ley Eruviel”, que pretende ser un mecanismo de control social a través de la violación de derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la libertad de expresión y la libertad de reunión.

 

“El despojo de tierras y territorios tiene como objetivo principal las comunicaciones, tanto terrestres como aéreas, la cual busca consolidar la entidad como el centro estratégico y logístico para los negocios y el turismo, así como la profundización de proyectos inmobiliarios privados, lo anterior pasando por encima de los derechos de pueblos enteros”, dijo.

 

Agregó: “Los casos de los pueblos de los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, así como de los indígenas otomíes de Huitzizilapan, Xochicuautla y Magú son emblemáticos”.

 

Lara Duque afirmó que los tiraderos de basura del estado de México violan el derecho a la salud de los habitantes de la entidad, la gran mayoría de ellos concesionados a empresas privadas que sólo los ven como negocio y evaden cumplir con la normatividad en el material, sin que el gobierno estatal intervenga adecuadamente.

 

Al respecto, Trinidad Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, explicó: “El 60 por ciento de los tiraderos están concesionados a manos privadas con lo que el gran negocio de la basura deja el gran beneficio para unos cuantos, pero con terribles consecuencias para la salud de los habitantes del estado”.

 

Asimismo, Ignacio del Valle, dirigente del FPDT, esposo de doña Trini, dijo que el gobierno estatal no respeta el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas del estado de México.

 

El luchador social, quien estuvo encarcelado por su oposición a la construcción del aeropuerto en predios de su comunidad, dijo que el CDHZL documentó en un año, de agosto del 2015 a agosto del 2016, al menos 40 agresiones a personas defensoras de derechos humanos.

 

“Lo que significa que cada mes al menos tres personas defensoras son agredidas por defender bosques, agua, tierras y territorio, derechos indígenas, es decir, en el estado de México se agrede a quienes mediante métodos pacíficos y legales buscan dignificar la vida de sus pobladores”, expresó.

 

Añadió: “El agua potable es asechada y sometida a una sobre explotación, sobre concesión y contaminación por los intereses privados. Los pueblos con sistemas comunitarios de agua en un estado de vulnerabilidad ante las intenciones gubernamentales de municipalizar o privatizar dichos sistemas comunitarios”.

 

El CDHZL concluyó que la imposición de la Reforma Educativa en el estado de México igualmente genera violaciones a los derechos humanos, como el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) haya cortado el suministro de energía eléctrica a 161 escuelas de 23 municipios del valle de México, que adeudan a la paraestatal 51 millones 477 mil 359.30 pesos, “lo que es parte de la contrarreforma”.