Intensifican vigilancia forestal por tala clandestina en el Edomex
TOLUCA, Edomex., 15 de julio de 2026.- El Estado de México (EMX) enfrenta uno de los mayores desafíos ambientales del país: frenar la tala clandestina en sus bosques. Aunque las autoridades federales y estatales han reforzado las acciones de vigilancia en los últimos años, el problema persiste debido a la operación de grupos dedicados a esta actividad ilícita.
Entre 2022 y el 30 de junio de 2026, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó 216 operativos forestales en territorio mexiquense. La entidad cuenta con una superficie boscosa de 10 mil 653.6 kilómetros cuadrados, equivalente al 48 por ciento de su territorio, donde predominan especies como pino, oyamel y encino.
Aumentan operativos de vigilancia
Datos obtenidos vía transparencia muestran que los operativos han ido en aumento desde la creación de la mesa de trabajo contra la tala ilegal. En 2022 se efectuaron 23 acciones; en 2023 fueron 41; durante 2024 ascendieron a 63; en 2025 llegaron a 64, y hasta el 30 de junio de este año sumaban 25.
Estas labores incluyen inspecciones en aserraderos, recorridos de vigilancia, filtros para revisar el transporte de madera, supervisión de cambios de uso de suelo y acciones coordinadas con la Fiscalía General de la República derivadas de denuncias penales.
Ocoyoacac concentra acciones
Uno de los focos de atención es Ocoyoacac y municipios cercanos, donde se han desarrollado cinco operativos forestales. La zona volvió a cobrar relevancia luego de que habitantes de San Pedro Atlapulco exigieran mayor protección para sus bosques tras denunciar la presencia de presuntos talamontes.

Además, el pasado 10 de julio, la Profepa encabezó un operativo nacional contra la tala ilegal en 25 estados. En el Estado de México (EMX) las acciones se concentraron en Zinacantepec, Ocuilan y Metepec, con apoyo de autoridades federales, estatales y fuerzas de seguridad.
Delito con impacto ambiental y social
Las cifras reflejan la magnitud del problema. Entre 2019 y febrero de 2026 se registraron mil 274 denuncias por tala ilegal en el Estado de México (EMX), la segunda cifra más alta del país, únicamente por debajo de Michoacán.
De acuerdo con un estudio de la Secretaría de Medio Ambiente y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la tala clandestina provoca pérdidas económicas millonarias, favorece la evasión fiscal y fortalece a grupos delictivos que operan en comunidades forestales.
El Código Penal Federal establece penas de dos a 15 años de prisión y multas para quienes derriben árboles o cambien ilegalmente el uso de suelo forestal. No obstante, especialistas coinciden en que, además de fortalecer la aplicación de la ley, será indispensable mantener la coordinación entre autoridades y comunidades para proteger los bosques mexiquenses y reducir la actividad de los talamontes.










