Intransigencia del poder sin concesiones

El poder presidencial puede mucho; quien lo ejerce con frecuencia suele asumirse infalible; además, todo se alinea, se acomoda. Casi siempre se acompaña de dos pérdidas de singular relevancia: el sentido de la realidad y el de los límites. Que todo se ajuste a la voluntad y pulsiones de quien detenta la presidencia de la República implica al grupo cercano que aprovecha, a colaboradores silentes y a intereses complacientes. Por eso la importancia de aquello que resiste a la deriva autocrática: los contrapesos institucionales, la oposición o las expresiones civiles de escrutinio al poder, destacadamente la libertad de expresión. Tres planos del régimen democrático a los que el obradorismo declaró la guerra.

El primer tercio no sirvió para que la presidenta entendiera los términos de su responsabilidad constitucional. Para evitar complicaciones decidió acabar con la última trinchera institucional de contención a la arbitrariedad y abuso de poder. López Obrador tuvo que encarar un Poder Judicial y una Corte que en sus últimos efectos contribuían al apego del gobierno y de su presidente a la legalidad. La presidenta Sheinbaum resolvió eliminarlos; ahora ella, su gobierno y el país padecen las consecuencias. Pero no sólo fue su responsabilidad; la debacle de la República nos implica a todos, incluso aquellos que, en lugar de resistir, optaron por contemplar sin advertir, por comodidad, que representaba una derrota, una pérdida para todos.

La intransigencia sin concesiones conduce al péndulo no de democracia vs autocracia, sino al del autoritarismo y totalitarismo. La inercia de ahora significa un cambio discreto pero fundamental: la pérdida del consenso y legitimidad se arropa con una mayor represión, primero, en el marco de la intimidación y después viene la ruda, la violenta. Son muchas las señales, una parte relevante es minar la libertad de expresión, ejemplo, la actuación del tribunal electoral con el uso parcial de la violencia política de género y los lineamientos para el derecho de las audiencias. La manera de obligar a la renuncia al rector José Abud de Campeche fue propia del Estado policiaco.

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