La caída del capo y los demás
La lucha contra la delincuencia organizada se ha convertido en un instrumento de presión y control político. En México, la oposición de derecha la utiliza como un recurso permanente de desgaste contra los gobiernos de Morena, tanto en el ámbito estatal como en el federal. Cada ataque perpetrado por grupos armados vinculados a organizaciones criminales se transforma en material informativo para señalar al gobierno como débil e incapaz.
En particular, las críticas suelen excluir a las fuerzas armadas, cuyo papel en el combate al crimen organizado es reconocido incluso por sus detractores. No ocurre lo mismo con la Guardia Nacional ni con las policías estatales y municipales. Los golpes tácticos —incautación de armas y dinero, detención o abatimiento de jefes de plaza— no son suficientes para modificar la narrativa del fracaso en la estrategia nacional de seguridad pública.
Los informes presentados regularmente en la “mañanera del pueblo” resultan insuficientes para contener esa crítica constante. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, mantiene una imagen pública favorable; incluso es mencionado como un posible aspirante presidencial. Sin embargo, el asedio político no cesa. A pesar de los esfuerzos por fortalecer los mecanismos de coordinación policial y la colaboración entre los tres órdenes de gobierno, la descalificación persiste.
La oposición ha convertido la presencia territorial del crimen organizado —su capacidad armada, su poder económico y su potencial de corrupción sobre empresarios y políticos— en el núcleo de una estrategia destinada a debilitar a Morena y generar un clima de tensión nacional.
Durante el sexenio anterior, la frase “abrazos y no balazos”, el saludo a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la liberación de Ovidio Guzmán tras su captura por fuerzas especiales fueron utilizados para reforzar la crítica a una estrategia que priorizaba atender las causas estructurales del fenómeno delictivo.
Al inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la tendencia de desgaste continuó, con el objetivo de provocar un distanciamiento respecto a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la presión no logró fracturar esa relación ni debilitar su vínculo con el movimiento de la Cuarta Transformación. Por el contrario, la presidenta fortaleció su liderazgo al asumir con mayor énfasis las causas de las mujeres, ampliando su respaldo nacional. López Obrador, en contraste, nunca logró articular una conexión sólida con el movimiento feminista, como quedó evidenciado en diversas movilizaciones durante su administración.
El abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación alteró significativamente la estrategia opositora. La presidenta dio un paso que pocos anticipaban: neutralizar a una figura central del crimen organizado internacional en uno de sus momentos de mayor expansión, con presencia en México y en decenas de países, incluidos los Estados Unidos, uno de los principales mercados de consumo de drogas.
Esta acción también constituye una respuesta al discurso intervencionista del presidente Donald Trump, narrativa que ciertos sectores de la derecha mexicana adoptaron y promovieron con la expectativa de que derivara en una crisis política interna de gran magnitud. Ese escenario no se materializó.
Sin una reacción articulada, la oposición apenas emitió reconocimientos marginales al operativo. Surgieron versiones que atribuían la acción a presiones externas: la FIFA y la posible pérdida de la sede mundialista, exigencias del gobierno estadounidense o incluso la participación directa de fuerzas extranjeras en el operativo. No obstante, el resultado político fue claro: la presidenta salió fortalecida.
Claudia Sheinbaum logró, al menos por ahora, romper la inercia narrativa que presentaba al Estado como inerme. La caída del capo no fue sólo un operativo: fue un movimiento político de alto impacto contra la derecha.
