Legislar para transformar: el compromiso con el pueblo de México
La Cuarta Transformación representa mucho más que la alternancia en el ejercicio del poder. Es un proceso histórico de recuperación del Estado, de reivindicación de los derechos sociales y de construcción de un nuevo orden político en el que las instituciones públicas deben estar al servicio del pueblo y no de los privilegios de unos cuantos. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México avanza hacia la consolidación de un Estado social que coloca la justicia, la igualdad y el bienestar colectivo en el centro de las decisiones nacionales.
Desde la Cámara de Diputados, los legisladores de Morena, hemos asumido la responsabilidad histórica de dar sustento jurídico, institucional y presupuestal a este proyecto de nación. Legislar no puede reducirse a modificar artículos o aprobar decretos. La verdadera función del Poder Legislativo consiste en transformar las condiciones materiales de existencia de la sociedad, garantizar derechos y construir instituciones capaces de responder a las necesidades de las grandes mayorías.
Durante el periodo ordinario de sesiones de febrero a abril de 2026, la Cámara de Diputados celebró 48 sesiones, recibió más de mil doscientas iniciativas y aprobó 62 instrumentos legislativos, entre ellos dos nuevas leyes, cuatro reformas constitucionales y 56 modificaciones a leyes vigentes y decretos. Estas cifras reflejan la intensidad del trabajo parlamentario, pero su verdadera trascendencia debe medirse por la utilidad social de las decisiones adoptadas y por su contribución al fortalecimiento del Estado mexicano.
La agenda legislativa de Morena responde a una convicción fundamental: las leyes deben servir para ampliar derechos, combatir desigualdades y fortalecer la capacidad del Estado para conducir el desarrollo nacional. Durante décadas, el modelo neoliberal utilizó las instituciones jurídicas para justificar privatizaciones, debilitar los servicios públicos y subordinar el interés general a las exigencias de los grandes poderes económicos. Hoy estamos construyendo un camino diferente, donde la soberanía nacional y el bienestar del pueblo constituyen los principios rectores de la acción pública.
En el periodo legislativo iniciado en septiembre hemos dado continuidad a este compromiso. Nuestra agenda contempla más de treinta proyectos prioritarios articulados con las propuestas del Ejecutivo federal. Entre los avances de octubre destacan las reformas a la Ley Aduanera, orientadas a fortalecer la fiscalización y combatir prácticas que afectan las finanzas nacionales; la modernización de los sistemas catastrales y registrales para proporcionar mayor certeza jurídica; así como las modificaciones a la Ley Federal de Derechos y la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para 2027.
Una de las responsabilidades más importantes de la Cámara de Diputados es la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. El presupuesto expresa, en términos concretos, las prioridades políticas y sociales de un gobierno. No existe transformación verdadera sin recursos públicos que permitan materializar los derechos reconocidos por la Constitución.
Para 2026 se aprobaron 10.2 billones de pesos, mientras que la propuesta presupuestaria para 2027 contempla aproximadamente 10.63 billones de pesos, lo que representa un incremento de 442 mil 804 millones de pesos, equivalente al 4.34 por ciento. La dimensión de estos recursos exige responsabilidad, transparencia y una orientación inequívoca hacia las necesidades de la población. El gasto público debe convertirse en hospitales, escuelas, infraestructura, movilidad, programas sociales y oportunidades de desarrollo.
En el Estado de México (EMX), esta orientación adquiere una relevancia particular. Durante muchos años, millones de mexiquenses padecieron las consecuencias del abandono institucional, la desigualdad territorial y la insuficiencia de servicios públicos. Hoy, la coordinación entre el Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno de la maestra Delfina Gómez representa una oportunidad histórica para revertir esos rezagos y construir un modelo de desarrollo con justicia social.
La inversión federal, el fortalecimiento de la infraestructura y la recuperación de las capacidades públicas deben traducirse en mejores condiciones de vida para las familias mexiquenses. La transformación no puede quedarse en el discurso político ni limitarse a las grandes cifras presupuestales; debe sentirse en las comunidades, en los municipios, en los centros de salud, en las escuelas y en la vida cotidiana de quienes durante décadas fueron excluidos de los beneficios del desarrollo.
Pero consolidar este proceso también exige responsabilidad política al interior de nuestro movimiento. Morena no nació para reproducir las prácticas del viejo régimen ni para sustituir una élite por otra. Nuestra legitimidad proviene de las luchas populares, de la defensa de la soberanía nacional y del compromiso con quienes históricamente fueron marginados de las decisiones públicas. Por eso, ninguna aspiración individual puede colocarse por encima del proyecto colectivo de transformación.
La unidad de nuestro movimiento debe construirse sobre principios, honestidad, trabajo territorial y compromiso social. No significa cancelar el debate o la crítica, sino comprender que nuestra responsabilidad histórica es superior a cualquier coyuntura electoral. La ciudadanía no nos otorgó una mayoría parlamentaria para administrar privilegios, sino para transformar las estructuras que durante décadas reprodujeron la desigualdad.
El segundo piso de la Cuarta Transformación exige profundizar los cambios, fortalecer las instituciones públicas y consolidar un régimen de derechos sociales que trascienda los periodos de gobierno. Nuestra responsabilidad como legisladores consiste en garantizar que las conquistas populares encuentren sustento constitucional, legal y presupuestal, de manera que no dependan de decisiones circunstanciales ni puedan ser fácilmente revertidas.
Estoy convencido de que la legitimidad de una mayoría legislativa no reside exclusivamente en el número de votos que representa, sino en su capacidad para mejorar la vida de las personas. Cada reforma debe responder a una pregunta esencial: ¿en qué medida contribuye a construir una sociedad más justa, igualitaria y democrática?
México vive una etapa decisiva de su historia. Tenemos la oportunidad de consolidar un Estado fuerte en sus responsabilidades sociales, democrático en su funcionamiento y soberano en sus decisiones. Desde la Cámara de Diputados seguiremos trabajando para que la ley sea un instrumento de emancipación social y no de dominación económica.
Porque la Cuarta Transformación no se mide solamente por las leyes que aprobamos ni por los recursos que destinamos, sino por la justicia social que somos capaces de construir. Legislar para el pueblo significa transformar la realidad, combatir los privilegios y hacer del bienestar un derecho efectivo para todos.
