Liberan a exfuncionarios acusados de extorsionar verificentros
TOLUCA, Edomex., 14 de octubre de 2026.- Dos exfuncionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México (EMX), señalados por su presunta participación en una red de extorsión contra propietarios de verificentros, recuperaron su libertad luego de que una jueza reclasificó el delito de extorsión agravada a abuso de autoridad.
Raúl N y Carlos Eduardo N abandonaron la noche del martes el penal de Chalco, donde permanecían recluidos desde agosto, después de una audiencia de aproximadamente ocho horas, en la que la autoridad judicial determinó que la Fiscalía mexiquense no logró acreditar la acusación de extorsión.
Condena de 16 meses y salida de prisión
Durante la audiencia, los exservidores públicos aceptaron su responsabilidad por abuso de autoridad y recibieron una sentencia de un año y cuatro meses de prisión, además de multas de cinco mil 396 y cuatro mil 772 pesos, respectivamente. La autoridad judicial también autorizó la conmutación de la pena privativa de libertad mediante el pago de una multa.
La resolución contempló su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos, así como la obligación de presentarse mensualmente ante el Centro de Medidas Cautelares y la prohibición de acercarse a las víctimas relacionadas con el expediente.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) explicó que la reclasificación ocurrió después de que propietarios de los centros de verificación actualizaron sus declaraciones y manifestaron que, tras las detenciones, podían desarrollar sus actividades sin presiones ni exigencias de pagos ilegales.
Investigaban cobros millonarios a verificentros
El caso adquirió relevancia en agosto pasado, cuando la Fiscalía informó sobre una presunta estructura de corrupción que habría exigido pagos mensuales de entre 100 mil y 250 mil pesos a propietarios de 145 de los 168 verificentros que operan en territorio mexiquense.
De acuerdo con las investigaciones iniciales, también se habrían solicitado aportaciones extraordinarias de 500 mil pesos por cada línea de verificación, bajo la amenaza de impedir la revalidación de permisos para 2027. Estas acusaciones formaban parte del expediente original, pero no quedaron acreditadas como delito de extorsión en la resolución judicial.
Aunque ambos exfuncionarios recuperaron su libertad, no fueron absueltos de toda responsabilidad, pues recibieron una condena por abuso de autoridad. La decisión judicial contrasta con la magnitud de las acusaciones iniciales sobre una presunta red de corrupción que, según las estimaciones difundidas durante la investigación, habría generado cobros ilegales por cientos de millones de pesos.
